Las actuaciones se habían iniciado luego que la Cámara Federal remitiera el expediente, en donde le Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, cuestionaba a Canicoba Corral por su actuación al frente de la causa en la cual se investiga presuntas manipulaciones del Índice de Precios al Consumidor y violaciones al secreto estadístico.
Concretamente, Garrido acusó a Canicoba Corral el anticipar de la realización de medidas de prueba a algunos de los imputados en la causa, lo que permitió que éstos tuvieran la posibilidad de tomar recaudos y ocultar pruebas.
El 18 de septiembre de 2007, Canicoba Corral efectuó una presentación ante el Consejo, negando los hechos denunciados.
“Del análisis de la presentación en estudio se desprende que el denunciante se refiere a actuaciones judiciales que se encuentran en pleno trámite de investigación, no pudiendo advertirse en concreto cuál o cuáles serían las conductas que se le imputarían al señor juez denunciado para la formación de este expediente”, según el dictamen de la Comisión, el cual ahora deberá ser evaluado por el plenario.
Para la Comisión, en la presentación “se advierte una mera disconformidad con lo resuelto” por Canicoba Corral, “no pudiendo aceptarse sus términos y entrar a cuestionar decisiones jurisdiccionales, a las que éste Consejo no puede examinar, ni tampoco puede convertirse en una instancia de revisión de aquellas cuestiones que han sido tratadas y debatidas en un proceso judicial”.
Sobre las irregularidades señaladas por Garrido, los consejeros aseguraron que no “existen precisiones de cuáles serían las conductas reprochables del señor juez denunciado, ya que no ha indicado concretamente una conducta típica directamente atribuible al citado magistrado”. Así, concluyeron que “el denunciante” fue “poco claro” con sus afirmaciones.