En el informe se consiga a uno de los problemas en la fiscalización, los de orden jurídico, pues “el proceso encaminado a trasladar las obligaciones jurídicas de la esfera internacional a la esfera nacional puede dar lugar a discrepancias entre las normas jurídicas nacionales e internacionales y también puede teñirse de consideraciones políticas”.
No obstante, la junta marca su preocupación por “el hecho de que las diferentes interpretaciones de las obligaciones internacionales estén socavando la eficacia global del régimen de fiscalización” ya que “algunos gobiernos interpretan sus obligaciones internacionales de una manera que pone en tela de juicio su adhesión a los objetivos de los tratados”.
En este sentido presta vital atención a las medidas de “reducción del daño” ya que las considera incompatibles con los tratados en tanto que “actúan principalmente como forma de control social”. Aunque acepta la posibilidad de que se prescriban y administren estupefacientes y sustancias sicotrópicas en condiciones controladas desde el punto de vista médico y científico.
Continuando en esta línea se plantean una serie de recomendaciones para el cumplimiento de los tratados de fiscalización internacional a los que adhieren los países. Entre sus puntos se alienta a que los gobiernos “inviertan más en programas de prevención, especialmente para los jóvenes y los grupos vulnerables, y a que utilicen las experiencias y las mejores prácticas puestas a prueba en una variedad de situaciones”.
También a que estudien las “discrepancias” que existen entre las normas de derecho internacional y las de derecho interno” en busca de que los países cumplan con las obligaciones que implican la firma de los tratados internacionales. Se busca “determinar la mejor manera de garantizar que la Convención de 1961, el Convenio de 1971 y la Convención de 1988 funcionen con eficiencia”.
Acerca de nuestro país, el informe lo engloba dentro de America del Sur, aunque destaca algunos puntos a tener en cuenta. Como primara medida, resalta la reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, América Latina y el Caribe, celebrada en octubre de 2007en Quito. Allí “se formularon recomendaciones para combatir el cultivo ilícito de planta de cannabis y el tráfico de cannabis, el blanqueo de capitales y el tráfico de estimulantes de tipo anfetamínico en la región”.
Además se ponderó la participación del país junto con Bolivia, el Brasil, Chile, el Ecuador, el Paraguay y el Perú en la Operación “Ice Block” (Bloque de Hielo), dedicada a la vigilancia del comercio de precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico.
No obstante se señala que en la Argentina “ha aumentado el contrabando de hoja de coca procedente del sur de Bolivia. Durante 2007 la policía argentina destacada en la frontera con Bolivia se incautó de 44 toneladas de hoja de coca y de 3,3 toneladas de cocaína”.
En el mismo sentido, y de manera curiosamente descuidada y estigmatizante, el informe ataca directamente la producción de la hoja de coca entendiendo que el hecho de que los pueblos originarios estén, mediante la revalorización de la hoja de coca, intentando reafirmar sus raíces culturales y derechos históricos como un argumento que favorece la fabricación y el tráfico de cocaína.
En cuanto a las sustancias sicotrópicas, el informe plantea “la prevalencia del consumo de estimulantes y de tranquilizantes sin receta médica en algún momento de la vida en las personas de 15 a 64 años de edad fue de 1,6% y 3,6%, respectivamente”.
Observa que en países de América del Sur, entre ellos la Argentina, “la importación de efedrina y seudoefedrina ha aumentado considerablemente. Le preocupa que el aumento de la importación pueda denotar un interés creciente de las organizaciones de narcotráfico por obtener los productos químicos esenciales para atender a las necesidades de los laboratorios clandestinos de metanfetamina de los países de América del Norte, en particular, México, y de América del Sur”.