El petróleo llegó a las costas de Magdalena, extendiéndose hasta Berisso en un frente de aproximadamente 30 kilómetros de costa.
Producto del derrame las comunas de las Comunas de Magdalena y Berisso iniciaron juicios por los daños también los vecinos accionaron judicialmente por su cuenta. La causa más importante reúne al 5 por ciento de los vecinos de un pueblo, se solicitan mil millones de pesos para reparar los daños a la salud, a la economía y al medio ambiente.
En total, unas 522 personas son las que iniciaron 70 juicios reclamando reparaciones a la contaminación que causó la muerte de gran cantidad de especies animales y vegetales y, a través de arroyos y humedales, llegó hasta 1.500 metros tierra adentro.
Mirta Oliver, es ambientalista y patrocinante de los habitantes de Magdalena mostró su preocupación porque “más allá de las consecuencias ambientales, el accidente dejó al descubierto la indiferencia social, judicial y de la prensa al respecto”.
Todos estos reclamos fueron presentados ante la Justicia Federal y estuvieron paralizados desde el año 2001 hasta mediados del año 2006 en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata. A mediados de 2008, la causa pasó a manos del juzgado Federal a cargo de Raúl Roberto Torti. Ahora, será este tribunal el que deba dictar sentencia al respecto.
Siguiendo con la línea que plantea la historia judicial de la causa, Oliver opina que “la tragedia se puede repetir en cualquier momento”, explicando que “entre la negligencia con respecto a los barcos petroleros y la ausencia judicial en casos medioambientales nada cambió desde entonces”.
“La empresa responsable de los hidrocarburos derramados, Shell, mediante planteos jurídicos procesales de competencia, frenó la actividad de los juicios de los reclamantes y generó que el juez interviniente paralizara el proceso por más de tres años argumentó la abogada ambientalista”. La empresa Shell tiene en su haber unos diez derrames de hidrocarburos en distintas partes del mundo.
A diferencia de otros casos similares como los derrames de Exxon Valdez en Alaska, ocurrido el 24 de marzo de 1989 y que perdió 37 mil toneladas de barriles de crudo; o el Prestige cuyo hundimiento en 2002 afecto las costas españolas, la búsqueda de justicia y los daños al ecosistema pasaron casi inadvertidos en nuestro país.
España, hasta el momento, lleva gastados 25 millones de dólares en acciones judiciales producto del reclamo de gastos a los responsables de la tragedia ambiental para el pago de abogados, costas judiciales, peritos e informes científicos.