Cristina Fernández de Kirchner replicó con fuerza a los duros cuestionamientos que ayer hizo la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay. Durante un acto en Olivos, la mandataria desestimó cada uno de los planteos de la magistrada y volvió a insistir en su reclamo para que se aceleren las causas por delitos de lesa humanidad. Con respecto al tema de la designación de jueces, una de las críticas de Argibay, sostuvo que "es inexacto vincular el tema con la inseguridad. No hay causas paralizadas porque falte un juez titular. Todas tienen un juez subrogante". Además el Congreso "sancionó las leyes para agilizar los trámites de subrogancia", abundó. En cuanto a los dichos de la jueza sobre la falta de colaboración del Poder Ejecutivo para acelerar los juicios por temas de derechos humanos, Cristina le respondió: "Las causas están demoradas por las constantes demoras de los jueces y chicanas y esto es fácilmente verificable". Con respecto a los temas de inseguridad, la mandataria opinó: "Se pueden comprar patrulleros, construir comisarías y formar policías, pero, en lo que hace a juzgar y a no liberar a personas peligrosas, la responsabilidad le corresponde a los jueces". "Necesitamos una Justicia más eficaz, con mayor celeridad y que no cometa errores, una Justicia a secas para los que delinquen y violan las leyes, sea por derechos humanos o por delitos comunes". Por su parte Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque oficialista de Senadores le pidió “más prudencia en sus declaraciones y no pretender trasladar al Parlamento una responsabilidad que en materia de mora en las causas por derechos humanos no tiene". "El Congreso de la Nación sancionó todas las leyes necesarias para agilizar los juicios contra represores. Sancionamos la ley de subrogancia que evita que ningún juzgado esté sin un magistrado a cargo, de esta manera todas las causas tienen un juez, sea titular o subrogante", recordó Pichetto.
Aunque mató a un delincuente, no debe ir presa…
El juez correccional número 2 de La Matanza, Héctor Giusso, sobreseyó a una mujer que en octubre del 2007 que tras ser asaltada, asesinó a uno de los ladrones de un balazo tras perseguirlo. El magistrado fundamentó su decisión en un peritaje psiquiátrico que determinó que en el momento del hecho la mujer estaba conmocionada y no pudo comprender la criminalidad del acto. De esta manera, la implicada, Bernarda Garay Ocampo, no enfrentará el juicio por “homicidio por exceso en legítima defensa”. Hugo López Carribero, abogado de la implicada, sostuvo que ella sólo tenía “el sólo fin de retrotraer el estado de las cosas y recuperar el poco dinero que tenía, para la compra de sus remedios oncológicos" y agregó que “disparó al ver que el delincuente que momentos antes la había maniatado, y se le venía encima, nada menos que con un cuchillo”.
Juicio oral para cuatro integrantes de Quebracho
El juez federal Claudio Bonadío juzgará en mayo a cuatro integrantes de la agrupación Quebracho, por los incidentes durante una manifestación frente al Ministerio de Economía en protesta por la vista al país del entonces presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato. El juicio oral será por los delitos de daño y resistencia a la autoridad, entre otros, y se realizará en los tribunales de Comodoro Py durante cinco jornadas en las dos primeras semanas de mayo. Quienes serán juzgados son Pablo Marcelo Sánchez, Carlos Roberto Vence, Héctor Guillermo Torres y Ariel Francisco Da Silva.
Analizan la actuación de los fiscales por la liberación de un presunto violador
Otros dos fiscales de San Isidro, además de la fiscal María del Carmen Gigante, intervinieron en la causa del presunto violador que fue absuelto porque el informe médico que constataba el abuso no tenía firma ni sello del profesional, por lo que sus actuaciones en el expediente también están siendo analizadas en vistas a una eventual sanción. La fiscal Gigante es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre que llevó adelante el expediente, otro fiscal intervino en el pedido de prisión preventiva y un tercero fue el que requirió la elevación a juicio oral al juez de Garantías de San Isidro a cargo de la causa, Rafael Sal Lari. En tanto, el abogado de la familia de la víctima, José Vera, aseguró que formalizará un pedido de jury contra la fiscal Gigante, “no sólo por este caso sino también por otros “. Explicó que tanto el ministro Fernández, como la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (AVIVI), están dispuestos a acompañar el pedido de la familia. Por su parte la procuradora general de la Provincia, María del Carmen Falbo, pidió recabar información sumaria para analizar la actuación de los fiscales que intervinieron tanto en la instrucción como en el juicio oral. Los cuestionamientos en torno a este caso surgieron luego de un fallo en el que el TOC 7 de San Isidro tuvo que absolver al imputado Francisco Javier Centurión porque no pudieron acreditar científicamente que hubo una violación por la falta de la firma del profesional en el informe médico. No existe aserto científico que permita sostener la relación sexual”, dice el fallo firmado por el juez Eduardo Lavenia, al que adhirieron sus colegas Mónica Tisato y María Coelho. “La pieza instrumental no está firmada y no está identificado el profesional interviniente en el reconocimiento médico, por lo que a mi modesto entender, carece de valor probatorio”, dijo el juez preopinante. También se le reprochó a Gigante no haber secuestrado un papel manchado con sangre que la madre de la víctima encontró en el baño de su casa y porque “no procuró agregar el resultado del hisopado” vaginal que le practicaron a la joven cuando se hizo la denuncia. El fiscal de juicio, Diego Molina Pico, había pedido 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en base al relato de la víctima y otros testigos, sin embargo los jueces absolvieron al imputado por el beneficio de la duda.
¿Salió a comprar ravioles?
La justicia penal de La Plata investiga si el odontólogo Ricardo Barreda, condenado a reclusión perpetua por el homicidio de su esposa, su suegra y sus dos hijas, violó el arresto domiciliario que cumple en un departamento del barrio porteño de Belgrano al salir a comprar ravioles. Un vecino denunció haber visto a Barreda junto a su pareja, Berta André, comprando en una fábrica de pastas ubicada en Amenábar al 2200, a dos cuadras y media de donde vive, en el mes de noviembre pasado. El denunciante luego ratificó sus dichos ante la Sala I de la Cámara Penal de La Plata, que el 23 de mayo de 2008 le había otorgado al odontólogo el beneficio del arresto domiciliario. Ante la denuncia, Barreda se presentó ayer ante los integrantes del Tribunal y negó haber salido del departamento de Vidal al 2333. Su abogado, Eduardo Gutiérrez, atribuyó la denuncia del vecino a una confusión con alguien de características físicas similares a las del odontólogo. El abogado dijo además que "Las únicas veces que Barreda abandonó el departamento fue con autorización de la justicia y acompañado por personal del Servicio Penitenciario para atenderse de un problema de salud que lo aquejaba". De corroborarse que Barreda salió del departamento, automáticamente la justicia revocará el arresto domiciliario y deberá volver a la cárcel hasta que esté en condiciones de pedir la libertad condicional. El odontólogo fue beneficiado el 7 de mayo de 2008 con el arresto domiciliario por una resolución del Tribunal de Casación Penal bonaerense que tuvo en cuenta que tenía más de 70 años y su conducta era excelente dentro del penal, lo que lo habilitaba para cumplir su condena en forma domiciliaria.