Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó varios planteos presentados por distintos imputados por delitos de lesa humanidad. En este sentido no hizo lugar a los pedidos de Eduardo Harguindeguy y de procesados investigados en las causas Feced y Walsh, entre otras. La defensa de Harguindeguy había presentado un recurso extraordinario contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había ordenado su detención. Los ministros de la Corte decidieron que el recurso extraordinario planteado era inadmisible por aplicación del artículo 280 del C.P.C y C.N. Por otra parte, en la causa Feced, no prosperaron recursos interpuestos por los imputados Marcote y Vergara. El máximo tribunal declaró improcedente el recurso extraordinario presentado por el policía Mario Alfredo Marcote, a quien se lo acusa por los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y asociación ilícita agravada. Mientras que el recurso presentado por Ramón Rito Vergara también fue denegado. Vergara posee una sentencia en la que se dictó auto de procesamiento con prisión preventiva en orden a los delitos de privación ilegal de libertad agravada (16 hechos) en concurso real con tormentos (cuatro) y asociación ilícita. También el Máximo Tribunal desestimó la queja interpuesta por el abogado defensor de Pablo E. García Velasco en la causa que se le sigue por la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh. De igual manera, también se rechazaron los pedidos presentados por las defensas de Capdevila, Constanzo, Uballes, Kearney y Páez. El primero (Capdevilla) está imputado como partícipe necesario del delito de sustracción de menores en la ESMA. Kearney y Páez se desempeñaron entre los años 1976 y 1979 como comisarios de la Brigada de Investigaciones de La Plata, dependencia donde funcionó un centro ilegal de detención. Por su parte Constanzo ha sido procesado junto con otras personas por diversos hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos y Uballes, a quien se le atribuyen hechos calificados como privación ilegal de la libertad agravada y torturas, entre otros, cometidos durante el último gobierno militar en los centros de detención conocidos como “Banco” y “Olimpo”.
Por la causa, hay una sola detenida y dos personas con pedido de captura
Pasadas las 14:50 comenzó el acto por el 17º aniversario del atentado a la Embajada de Israel, que el 17 de marzo de 1992 dejó 29 muertos y más de 350 heridos. La primera en hacer uso de la palabra fue Nelly Durán, representante de los familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. Luego se dirigió a los presentes el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta –en representación de Mauricio Macri, que no asistió- y el Canciller Jorge Taiana. Más tarde llegó el turno del embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit. El vicepresidente Julio Cobos estuvo en el palco. A 17 años del atentado, la investigación penal “sigue en pleno trámite” y se producen medidas procesales “tendientes a obtener información sobre posibles implicados” en el hecho, aseguró a la agencia Télam una fuente vinculada a la causa. Años atrás, a pedido del padre de una víctima, la Corte –que interviene directamente por tratarse de un delito contra una representación de un país extranjero- rechazó declarar la prescripción de la causa. Aunque la pretensión era que la Corte declarara al atentado como un delito de lesa humanidad, el Máximo Tribunal consideró que no era oportuno expedirse en tal sentido y dispuso que el trámite del sumario debía seguir y reiteró las órdenes de captura contra Salman El Reda Reda, supuesto coordinador de la logística del ataque e Imad Moughineh, ex jefe de operaciones del Hezbollah que, según trascendidos, habría fallecido hace un año en un atentado en Siria. La iraní Nasrim Moktari, con un sobreseimiento parcial -ya que la causa tramita por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal- es la única persona “sujeta al expediente”, agregó la fuente consultada. Los peritos determinaron que la voladura del edificio fue provocada por una camioneta Ford F100, convertida en cochebomba.
¿Qué tiene D´Elía?
El fiscal federal Luis Comparatore dispuso una serie de medidas para “conocer los bienes que posean el imputado Luis Angel D’Elia y las personas que lo acompañaran en la toma de la comisaría 24”. Por ello, presentó un dictamen ante el juez Sergio Torres para que ordene a los registros de la propiedad inmueble y automotor que aporten información. Fundó su pedido en que “en caso de arribarse a la eventual ocasión de dictar auto de mérito, se producirá el necesario embargo o inhibición de sus bienes”. “La imputación que pesa sobre los nombrados es de una severidad que hasta podría habilitar la imposición de la cautelar aludida con prelación al procesamiento”, señaló Comparatore en su dictamen.
Aceptan la renuncia del juez federal que investigó a Botnia
El juez federal de Entre Ríos que tuvo a su cargo una denuncia contra la pastera Botnia por contaminación en el río Uruguay, Guillermo Quadrini, dejará la Justicia el próximo 1 de abril. El Gobierno Nacional le aceptó la renuncia al magistrado. Quadrini es juez federal de primera instancia de Concepción del Uruguay. La dimisión fue aceptada mediante el decreto 174/2009 publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
El nuevo material del Presidente de la AGN está prologado por Carmen Argibay
El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, presentará este miércoles su nuevo libro titulado “Independencia de la Justicia – Estándares Internacionales”. Participarán del acto la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, la ministra Carmen Argibay –que redactó el prólogo del libro- y el integrante del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral. También dirá presente Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura; Rafael Gutiérrez, titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; el embajador español Rafael Estrella; y Horacio Ravenna, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El acto se llevará a cabo este miércoles a las 14, en la Sala de Audiencias del 4º piso del Palacio de Justicia. Despouy también es Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados. El radical mantuvo, meses atrás, una controversia con los integrantes peronistas de la AGN por la publicación de algunos informes.