El reclamo lo efectuó el Municipio en nombre del “colectivo de vecinos aquí presentados en cuanto afecta a toda la comunidad barrial de Villa Jardín, del partido de San Fernando”.
“Cuando el interés es público, el titular es la comunidad y el legitimado el Estado - nacional, provincial o municipal, según el caso”, agregó el escrito presentado hoy ante el juez Fernando Manuel Cardadeiro titular del Tribunal de Menores Nº 1 de San Isidro.
La acción de amparo es contra la Municipalidad de San Isidro “a fin de que se abstenga de construir y proceda al retiro del cerco de hormigón y hierro, parcialmente construido sobre el límite de la calle Uruguay impidiendo la circulación de personas y vehículos entre el límite de ambos partidos”.
“Nunca esperamos –reza la presentación- que el ‘proyecto de seguridad’ (del Municipio de San Isidro) se plasmara en un paredón de hormigón y acero digno de la época más oscura del proceso militar”.
Y agrega: “Este anacrónico ‘Muro de Berlín’ se constituye en una ofensa discriminatoria que cercena el derecho del vecino a circular libremente, a acceder a la escuela y a los centros de salud (de uno y otro lado), complica en grado sumo el tránsito vehicular que es obligado a efectuar un largo rodeo”.
El recurso enfatiza que el “Departamento Ejecutivo municipal de San Isidro (...) lesiona garantías constitucionales como la de circular libremente, (artículo 14 Constitución Nacional y artículo 22 de la Constitución Provincial), aprender, libertades que no pueden ser coartadas por medidas preventivas”.
Asimismo, el recurso señala que “la muralla que se encuentra en construcción impide el libre acceso de los vecinos al Jardín N° 909, a la Escuela Técnica N° 2, Escuela EGB N° 15 a la guarderías infantiles, apoyo escolar club deportivo y CARITAS, y la discriminación proscripta por el artículo 11 de la Constitución Provincial, toda vez que en nombre de la ‘seguridad’ se margina y divide a un único barrio convirtiendo a los vecinos de San Fernando en “sospechosos”.
El Municipio de San Fernando insiste en que, con el muro que se está construyendo “se encuentran vulnerados los artículos XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.
“La seguridad pública –subraya- no se afirma con medidas discriminatorias sino que, se asiste con trabajo educación, salud, viviendas dignas e integración. El dinero público que se destina a la construcción de este muro carcelario, bien podría haberse destinado a alguno de estos fines”.
Y concluye: “Solicitamos se decrete la media cautelar de prohibición de innovar suspendiendo la ejecución de la obra hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados”.