La FJA sostuvo que los casos más graves se dieron en los poderes judiciales de La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes y denunció que la situación, en otras provincias también, es de permanentes violaciones a la libertad sindical.
En el caso de La Rioja la situación la atraviesa el secretario general del gremio de los judiciales, Horacio Juárez. El Superior Tribunal de Justicia dispuso una licencia sin goce de sueldo para Juárez en el marco de un conflicto en el que el sindicato reclamaba un aumento de salarios. Para el FJA se trató de un “despido indirecto”.
“No han dado resultado ninguno los recursos judiciales presentados a nivel de la justicia provincial porque, juez y parte, los tribunales han fallado en contra de nuestros derechos y no nos ha quedado más recurso que apelar a organismos internacionales para tratar de buscar un amparo legal”, sostuvo la Federación.
En Santiago del Estero las críticas apuntan a una medida que pretendió trasladar al secretario adjunto del gremio judicial de una jurisdicción o otra lo que significa una “abierta violación a los principios que rigen la tutela sindical”, sostuvo la FJA. Respecto a Corrientes, la Federación denunció al Superior Tribunal de Justicia por reglamentar el marco en el que los judiciales pueden hacer paros.
“¿Qué podemos esperar los argentinos si el poder que debe garantizar nuestros derechos, en su “propia casa” desconoce y pisotea principios constitucionales básicos?”, se preguntó la entidad.
La Federación nuclea a los empleados judiciales de todo el país – excepto los de Santa Fe y de los tribunales nacionales y federales – y el 31 de marzo se hizo un paro en reclamo de esta situación y pidiendo mejoras laborales. La medida incluyó movilizaciones en todas las provincias y que en la ciudad de Buenos Aires se hizo a la Casa de la Provincia de La Rioja.
La FJA sostuvo que la situación denunciada “podría creerse que sólo concierne a los trabajadores judiciales”. “De ningún modo, porque si estos jueces son capaces de avasallar garantías elementales en relación a los propios empleados del Poder Judicial, no sólo no son dignos ni confiables para el resto de los argentinos, sino que constituyen una verdadera lacra de nuestra democracia”, protestó la entidad.