La causa llegó al Máximo Tribunal por los recursos extraordinarios –concedidos parcialmente por la Cámara Federal- interpuestos por los demandados. En un fallo de noviembre de 2006, la Cámara Federal de Bahía Blanca había revocado la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad “de la intención de la accionada, de ingresar al territorio del país, combustible quemado, de un reactor nuclear vendido a Australia, residuos y desechos radioactivos”.
El 13 de julio de 2000, durante el gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa, la empresa Invap firmó un convenio con la Australian Nuclear Sciencie & Technology Organisation (ANSTO) en la que acordó la venta de un reactor nuclear –que ya se concretó- y el tratamiento de los residuos radiactivos en el país. Esto generó críticas por parte de vastos sectores de la sociedad, entre ellos organizaciones medioambientales.
Es eje de la controversia era –y sigue siendo- el hecho que de que el tratamiento de ese tipo de residuos violaría el artículo 41 de la Constitución Nacional, que en su último párrafo sostiene: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Justamente ese fue el argumento de la defensa de la actora, a cargo del abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Daniel Sabsay, que en la audiencia de hoy calificó a la presentación como “una cuestión de ‘puro derecho’” y subrayó que la Carta Magna “prohíbe terminantemente el uso de materiales radiactivos”. “Yo entiendo que esto es un ingreso de materiales radiactivos”, aseguró.
“No estamos en contra de la actividad nuclear del país pero no queremos un basurero nuclear como se intentó hacer en la localidad de Gastre, en la provincia de Chubut en la década del ‘80”, manifestó Sabsay.
En tanto, el ingeniero Raúl Montenegro, directivo de la FARN, señaló dos cuestiones por las que calificó de “peligroso” al material que podría ingresar al país: el terrorismo y el cáncer. “Tener plantas de tratamientos de residuos convierte a un país en un blanco terrorista”, dijo y recordó que Argentina ya tuvo dos atentados terroristas (por los ataques a la Embajada de Israel, en marzo de 1992 y a la AMIA, en julio de 1994).
Montenegro enfatizó que en Australia está prohibido construir reactores y señaló que una radiación puede producir cáncer. Alegó también que las centrales operadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (Atucha y Embalse, en la provincia de Córdoba) tuvieron fugas.
Por parte de la demandada, el director general de Coordinación Política de la Cancillería, Rafael Grossi, afirmó que desde 1960 en el país hay “actividad nuclear con fines pacíficos” y detalló que se “cumplen normas estrictas de seguridad”.
Consultado respecto del “peligro potencial” por el ministro Maqueda, Grossi sostuvo que “existe riesgo” aunque “el asunto es cómo se trata”. También diferenció entre los desechos radiactivos y el combustible gastado.
Elvira Mases, ingeniera de la CNEA, explicó que el combustible gastado mantiene un material fisil remanente que significa energía “latente” para el futuro y por eso no se lo considera un desecho. Agregó que en Argentina hay “toneladas de material pesado” que producen las centrales Atocha y Embalse (Córdoba), que funcionan desde 1974 y 1984 respectivamente.
Mases indicó que aunque en el país aún no se trató el combustible gastado, sí lo hicieron otros países como Estados Unidos (que tiene una campaña a favor del uranio enriquecido) y el centro de reprocesado de La Hague, en Francia.
“¿Son manejables los riesgos en términos de seguridad?”, preguntó Lorenzetti. La ingeniera respondió que sí y añadió que “el Estado nunca dejó de presupuestar lo que tiene que ver con seguridad”.
“¿Cómo interpreta el artículo 41 de la Constitución?”, preguntó Lorenzetti. El abogado defensor de Invap, Gregorio Badeni, sostuvo que “una interpretación integral no es posible en materia constitucional” sino que de necesita “una interpretación sistemática que tenga en cuenta el bienestar de la sociedad”.
“¿Cuál es su interpretación de la ley 25.018 (Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos)?”, repreguntó Lorenzetti. Badeni enfatizó que “el combustible (gastado) no es un residuo”, con lo cual constituyó una visión diferente a la sostenida por Sabsay.
El abogado aseguró que “lo que ingresa a la Argentina es combustible usado y no es desecho porque tiene utilidad” y agregó que la disposición final, según lo establecido en el contrato suscripto, será en Australia. “Ese país –continuó Badeni- no trata los residuos porque no tienen los recursos o las plantas para hacerlo”.
El reactor exportado a Australia está operativo desde 2006 aunque su inauguración formal fue en abril de 2007. El ingeniero atómico del Invap Héctor Otheguy sostuvo que “fue la mayor exportación de ciencia y tecnología desde la Argentina” (se pagaron 180 millones de dólares). Ahora será la Corte la que resuelva que se hace con los desechos.