La información difundida hoy por el diario “La Prensa” de La Paz, recuerda que la solicitud de captura de Bánzer está vigente desde el 29 de diciembre, día en que dos miembros de Interpol le comunicaron al ex dictador la orden argentina, aunque no procedieron a detenerlo, algo que podría resolverse ahora con la intervención del fiscal general.
Cuando fue alertado del pedido argentino, Bánzer se alistaba para viajar a Estados Unidos donde iba a someterse a la octava quimioterapia contra el cáncer de hígado y pulmón que le aqueja, pero se quedó en su casa de Santa Cruz de la Sierra cuando supo que la Policía Internacional podía detenerlo al llegar a Estados Unidos. Desde allí dijo que “no le tenía miedo” al pedido argentino.
El juez Rodolfo Canicoba Corral acreditó a través de varios testimonios, que Bolivia formó parte del Plan Cóndor durante la presidencia de facto de Bánzer, a mediados de la década del 70, por lo cual le cabe responsabilidad ya que, a criterio de la justicia argentina, el Cóndor fue una coordinación entre Estados para perseguir a disidentes políticos que huían de sus países escapando de la persecución militar.
Sólo opina
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, advirtió que el fiscal general “sólo emite una opinión referida a la procedencia o no de la solicitud de detención” y no debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, los argumentos argentinos para la extradición.
Según Llorenti, “no existe argumento legal para que el fiscal no viabilice la detención de Bánzer”, porque los delitos de los cuales se le acusa son imprescriptibles por ser de lesa humanidad, lo que también implica que no goza de ningún tipo de inmunidad.
Por su parte, desde el partido político de Bánzer aseguran que el fiscal Crespo escuchó los argumentos legales de los abogados del requerido. El secretario ejecutivo de ADN, Guillermo Fortún dijo que “nos hemos apoyado en la ley, sólo esperamos que se cumplan las leyes bolivianas”.