Tal es así que entre las reformas que se plantean se encuentran las que tienen que ver con el reemplazo de magistrados y funcionarios de los ministerios públicos, ello porque “el régimen ordinario de subrogancias no satisface las necesidades del servicio, por cuanto la función de quien cumple la suplencia se ve afectada en virtud de la extensión de la misma”.
Por lo que, según consigna el texto del proyecto, “en los casos de cargos de Magistrados, Defensores Públicos y Agentes Fiscales vacantes transitoria o definitivamente y de manera prolongada, el Superior Tribunal de Justicia podrá cubrirlos en forma interina con abogados de la matrícula y ex Magistrados o Funcionarios de la Justicia Provincial jubilados”.
Para ello, “los profesionales deberán contar con los requisitos exigidos para el cargo respectivo por la Constitución Provincial y su desempeño será remunerado en iguales condiciones que el titular”. Los mencionados profesionales deberán estar inscriptos en una lista, confeccionada por el STJ, que estará vigente por tres años.
Además “por razones de urgencia, debidamente fundadas, para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio, el Superior Tribunal de Justicia podrá solicitar acuerdo transitorio al Consejo de la Magistratura para designar como interino a un Magistrado o Funcionario en actividad, en las mismas condiciones precedentemente indicadas”.
Otro de los cambios que propugna el proyecto firmado por el presidente y vice del Superior Tribunal, María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume respectivamente, es en relación con la competencia de los juzgados de Primera Instancia de Competencia Ampliada y los de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Ello porque la competencia material de ambos resulta idéntica por lo que “corresponde adecuar su denominación”.
De la misma manera se plantean modificaciones en el ámbito electoral, donde se promueve “la adecuación de la normativa a la competencia actual del Juzgado, exclusivamente electoral”, donde “la competencia electoral será ejercida por el Juez de Primera Instancia Electoral” y el STJ “podrá habilitar una oficina del Juzgado en la ciudad de Río Grande, con los alcances de actuación que determine el reglamento, a cargo de un funcionario letrado”.