En el pronunciamiento respecto a De Santibáñez, la Corte desestimó el pedido de la defensa explicando que “no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o supuesto equiparable”.
A De Santibáñez se le sigue una causa por la presunta comisión de delitos de cohecho o malversación de caudales públicos que habría cometido en ocasión de la Reforma Laboral, que quedó truncada por las famosas “coimas en el Senado” que culminaron con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.
En septiembre de 2007, el juez Rafecas, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 decidió elevar la causa a juicio oral, que aún no se sustanció. Con la decisión de la Corte quedó en pie el pronunciamiento de la Cámara de Casación, que había desestimado el recurso de queja y deja firme la resolución de la Cámara Federal porteña que no hizo lugar a la recusación del magistrado.
La decisión se tomó por mayoría integrada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Pretacchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. En cambio la ministra Carmen Argibay votó la desestimación de la queja por “inadmisible”.
El mismo criterio mantuvo la Corte respecto al recurso presentado por el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, dejando firme el pronunciamiento de Casación.
Marx está procesado bajo la figura de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, prevista en el artículo 256 del Código Penal. La investigación pretende determinar si el Estado Nacional se vio perjudicado en sus intereses como consecuencia de las operaciones de canje de títulos de la deuda pública llevada a cabo durante 1997/98, 200 y 2001 conocido como “megacanje”.
Marx habría obligado a la Argentina a llevar a cabo la negociación con el propósito de obtener un lucro indebido para las entidades financieras a las cuales se adjudicó dicha operatoria en calidad de colocadores principales y/o acreedores del mercado.
Por último, en la maratónica sesión de este martes, la Corte también desestimó la queja interpuesta por los abogados de Lucía Ortega, condenada por “irregularidades administrativas” junto al ex gobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris. La defensa de Ortega invocó, como cuestión federal, la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias y pretendió que se declare extinguida la pena (que se está ejecutando) por razones de retroactividad de la ley más benigna.