Los ministros Omar Uría, Horacio Zavala Rodríguez y Oscar Gatica enviaron el anteproyecto al gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, al presidente de la Cámara de Senadores, Jorge Luis Pellegrini y al de la Cámara de Diputados Julio César Vallejos.
Tal como lo establece el artículo 214, inciso 7º de la Carta Magna provincial, remite el anteproyecto mediante el cual se pretende “establecer un incremento salarial para el personal del Poder Judicial remunerativo y bonificable del 15% el que se calculará sobre las remuneraciones percibidas en el mes de Mayo de 2009”. Incremento que se efectivizará en dos etapas, un aumento del 9 % en el mes de Julio y el 6 % en el mes de septiembre de este año.
Disponiendo además, “el incremento de los sueldos básicos, con sus respectivos adicionales” a efectos de la composición del incremento que se pretende efectivizar. Esta medida se impulsa desde el STJ ya que, tal y como se menciona en las notas que acompañan el envío del anteproyecto, “existe saldo presupuestario para atender al gasto”. “El Poder Judicial de la Provincia, cuenta en su presupuesto con un porcentual del Presupuesto Provincial, que a la fecha es del 3%, debiendo llegar, en el año 2011 al 4%, teniendo a la fecha saldo presupuestario para afrontar el gasto que se demanda”.
Entre los fundamentos que los ministros expresan con respecto a esta propuesta destacan la afectación pública y notoria producto de la crisis económica que existe en el País. Crisis que “ha afectado en forma por demás sensible el poder adquisitivo del salario real de los empleados en relación de dependencia, como lo es el personal del Poder Judicial, afectación ésta que debe ser atendida en su justa medida”.
Además consignan que los salarios del Poder Judicial de San Luis en relación con el salario del resto de los poderes judiciales “se encuentra muy por debajo de la media, como también en lo que respecta al Poder Judicial de la Nación, debiendo tenderse a la equiparación”.
Con esta medida, el Superior Tribunal pretende lograr el cese de los inconvenientes generados en el último tiempo a causa de las medidas de fuerza que los empleados judiciales llevan adelante para la recomposición de su salario. Pues, como lo consigna el mismo tribunal “habiéndose tenido en cuenta que por Ley Nro.XV-0627-2008 de fecha 10 de septiembre de 2008 se fijó un incremento general para la administración pública de un diez por ciento de los haberes, como asimismo que el Poder Ejecutivo otorgó $ 200,00 a los empleados públicos para abonar deudas con el Estado Provincial (Ley Nro. VIII – 0662 – 2009)”.
En la reunión que habían llevado adelante los colegios de abogado, el gremio y el Superior Tribunal, también se habían analizado los descuentos a los empleados que participaron de las huelgas. Al respecto, el Máximo Tribunal provincial ratificó lo dispuesto en los acuerdos 332 y 351, donde se dispuso el descuento de los días y proporcional de las horas no trabajadas.