Al igual que en la Argentina, el tema despertó resquemores en la sociedad chilena, donde la jerarquía de la Iglesia Católica tiene una gran influencia. En las afueras del Congreso, un grupo de mujeres gritaba: “Gobierno inmoral, tu pastilla es criminal”. Mientras otro respondía: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.
El proyecto fue una iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y promovida por la propia presidenta, Michelle Bachelet, después de que el Tribunal Constitucional chileno decretara ilegal la entrega del fármaco (levonogestrel) en el sistema sanitario estatal.
“Yo he visto que hay partidos políticos que han dado libertad de conciencia a sus parlamentarios para votar... Las que tiene que tener libertad de conciencia son las mujeres, para que en sus propias alternativas vean qué es lo mejor”, dijo Bachelet que agregó que es obligación del Estado de facilitar el acceso a “métodos anticonceptivos tanto hormonales como no hormonales” a quienes los requieran.
Por su parte, la ministra de la Secretaría Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que es “injusto e inhumano reservar la píldora sólo para los casos en que exista la capacidad para comprar”, en referencia a su venta libre en el comercio y la prohibición de entrega gratuita en consultorios públicos. El precio de la pastilla en Chile ronda los 15 dólares.
En tanto, el ministro de Salud andino, Álvaro Erazo, sostuvo que “no hay ninguna duda ni sospecha de que éste sea un método abortivo”.
La entrega gratuita de la pastilla fue suspendida después de que el Tribunal Constitucional chileno señalara, en abril de 2008, que existía una “duda razonable” sobre el carácter abortivo de la píldora. En Chile, al igual que en la Argentina, el aborto es considerado ilegal.
Sin embargo, desde abril del año pasado, un vericueto en las leyes chilenas permitió que el Estado siguiera distribuyendo el fármaco a través de los municipios, hasta que la práctica fue prohibida por la Contraloría, hace unas semanas.
En ese momento, Bachelet - médica de profesión-, decidió promover legislación que obtuvo media sanción ayer, y argumentó que la venta del medicamento vulnera el derecho de las mujeres más pobres a acceder a métodos de control de la natalidad, y no hace más que aumentar la inequidad social.La “Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad” tiene tres artículos, que proponen dar información y orientación médica sobre cualquier método de regulación de la fertilidad.