La Corte Suprema de Justicia “no emitirá ningún fallo, acordada o pronunciamiento” respecto del funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, aseguraron hoy fuentes judiciales. Este fin de semana trascendió que el Máximo Tribunal se pronunciaría respecto del organismo que selecciona y tiene facultades para juzgar y destituir a los jueces. Voceros indicaron a este diario que existen “siete proyectos de modificación de la composición del Consejo en el Congreso, y ese es el ámbito en el que deberá resolverse”. Por otra parte, trascendió que la Corte evalúa mecanismos para acelerar los juicios pendientes de los jubilados y extender los alcances de un fallo sobre actualización de haberes. En la actualidad, sólo en la Capital Federal están en marcha unos 250 mil juicios por reajustes jubilatorios. Según las fuentes consultadas por este diario, la Corte comenzó a discutir en el acuerdo de este martes la forma de extender el fallo “Halabi” -que consagró la acción de clase- a las cuestiones patrimoniales, para que un solo juicio conceda beneficios a toda la clase pasiva. Además, el Máximo Tribunal suscribiría la semana próxima un convenio con la Anses para acelerar el sistema de notificaciones y establecer un mecanismo de cálculo de actualizaciones salariales único. Los voceros señalaron que tras el fallo “Badaro” -que ratificó la movilidad jubilatoria-, el Congreso sancionó una ley que “consagraba ese derecho hacia adelante, pero no decía nada hacia atrás”.
Un nuevo round Barbarosch vs Moneta
La Cámara Federal dispuso que el Juzgado Federal N° 2 intervenga en la causa contra el ex banquero Raúl Moneta y setenta legisladores que inició el juez Alfredo Barbarosch por los supuestos delitos de extorsión y tráfico de influencias. El actual juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, denunció en su demanda que en el año 2003 comenzó a ejecutarse un plan para removerlo de su cargo, a raíz de su actuación en una causa que le interesaba al ex banquero. Barbarosch denunció amenazas, interferencias de sus teléfonos, otros actos de discriminación y también una campaña de desprestigio desde medios de comunicación propiedad de Moneta.
Nueva denuncia radicada ante la Cámara Federal
El abogado Enrique Piraggini denunció a Cristina y a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. El presidente del denominado Partido del Campo Popular, realizó la presentación ante la Cámara Federal, que deberá sortear la causa para determinar en qué juzgado recaerá. El expediente podría recaer en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien ya investiga denuncias similares contra el diputado electo y la Presidenta. Piraggini sostuvo que el matrimonio K tuvo un incremento “descomunal” en su patrimonio, y citó datos de las declaraciones juradas de ambos que se dieron a conocer días atrás. Además, el letrado pidió a la Justicia que individualice a los “autores, cómplices, encubridores, e instigadores” del presunto enriquecimiento ilícito que atribuye al matrimonio Kirchner. Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Julián Ercolini que convoque a prestar declaración como testigo a un ex gobernador de Santa Cruz, en el marco de una causa en donde se investiga al matrimonio kirchner por asociación ilícita. Se trata del ex gobernador Sergio Acevedo, quien en declaraciones periodísticas afirmó como un “robo para la corona” al referirse al incremento patrimonial de los kirchner, tildándolo de “sospechoso”. En caso de ser citado, Acevedo ya adelantó que concurrirá a la Justicia a prestar declaración. Esta denuncia contra Néstor Kirchner y la presidenta, Cristina Fernández, fue realizada por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y otros dirigentes. La investigación también abarca al ministro de planificación federal, Julio De Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez y Rudy Ulloa, estos últimos de fuertes vínculos con el Kirchnerismo.
Segundo juicio por delitos de lesa humanidad
El 4 de agosto próximo, comienza en Corrientes el juicio contra Diego Manuel Ulibarrie, ex funcionario de la Policía de esa Provincia procesado por violaciones a los derechos humanos. Así lo decidió el Tribunal Oral Federal de Corrientes en la que será la primera audiencia en el marco de la causa en la que Ulibarrie es acusado de haber comandado en febrero de 1976 un operativo policial conformado por personas vestidas con uniformes de policía de Corrientes y otras de civil que, portando armas en sus manos y con el empleo de violencia física y psíquica, redujeron a Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Orlando Romero y Jorge Saravia Acuña, todos desaparecidos desde entonces. Además se lo imputa por la aplicación de tormentos que sufriera Ayala en cautiverio. Este es el segundo juicio que se realizará en la Provincia por delitos de lesa humanidad, el primero condenó a los genocidas Juan Carlos de Marchi, Horacio Losito, Rafael Barreiro y Raúl Reynoso, por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. La primera audiencia será entonces el 4 de agosto a las 8.30, debate que continuará de lunes a viernes y tendría una duración de tres meses, aproximadamente.
Se enfermó un ex represor y suspende el juicio
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín suspendió hasta el próximo viernes el reinicio del juicio contra seis acusados de delitos de lesa humanidad porque uno de ellos, Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares, revistió problemas de salud. Ante esa situación los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti decidieron no iniciar las audiencias del lunes, tal como estaba establecido. Verplaetsen y otros cinco ex militares, entre ellos el ex general Santiago Riveros, están acusados del secuestro el 15 de abril de 1976 de Floreal Avellaneda, de 15, años y de su madre, Iris Pereyra, el homicidio del primero y la aplicación de tormentos a ambos. El juicio se encuentra en la etapa de alegatos de las defensas.