A través de una nota dada a conocer por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Despouy manifestó que los funcionarios judiciales de Venezuela “están sujetos a su remoción absolutamente discrecional: sin causa, ni procedimiento ni recurso judicial efectivo”.
Como ejemplo, Despouy, titular también de la Auditoría General de la Nación, citó la remoción de la jueza provisoria Alicia Torres, del Tribunal 13° en funciones de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas.
“Dicha remoción tuvo lugar a los dos días que la jueza Torres denunciara haber sido víctima de acoso por parte de la jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, con el fin de dictar medidas cautelares contra el Presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga Nuñez y su hijo. Conforme a la denuncia pública formulada por la jueza removida, ésta se habría visto compelida a firmar las boletas de las medidas cautelares sin que hubiera dictado previamente sentencia alguna que le sirviera de fundamento. Los fiscales que solicitaron las medidas, igualmente serían fiscales provisorios. A raíz de su denuncia pública, la jueza Torres fue removida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin explicación, ni procedimiento ni causal alguna”, narró.
El funcionario internacional recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza “la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos” y fija que los magistrados “sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”.
Fallo internacional
Despouy sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el fallo “Apitz y otros vs Venezuela” donde declaró que los jueces provisorios “deben gozar de niveles de estabilidad y le requirió al Estado su cumplimiento”. Sin embargo, el relator explicó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la inejecución de esa sentencia.
“Así mismo, el relator ha manifestado en anteriores oportunidades su preocupación, entre otros temas fundamentales, por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de ampliar el número de sus magistrados y su posterior designación con criterios de afinidad política; así como por la utilización de la justicia con otros fines a través de jueces y fiscales provisorios; y por la intervención de la junta directiva del Colegio de Abogados del Distrito a pesar de que fue electa por sus abogados agremiados”, agrega el texto.