La propuesta de la Federación, que nuclea a los gremios de empleados judiciales de todo el excepto los de Santa Fe y los tribunales nacionales y federales, surgió en un documento, al que accedió Diariojudicial.com, tras una reunión plenaria de la entidad realizada el jueves y viernes pasados.
Más allá del Comité Asesor, la FJA sostuvo la integración actual de estamentos en el Consejo pero sin definir un número. La entidad propuso que el cuerpo esté integrado por jueces, abogados, representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso “elegidos entre las personalidades postuladas por las organizaciones ciudadanas”, y no los propios senadores, diputados y funcionarios del Gobierno como ocurre actualmente, e del ámbito académico y científico elegidos “elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional”.
Para los representantes de los académicos la FJA introduce una novedad: plantea que sean “no necesariamente abogados y todos deberán contar con trayectoria y prestigio reconocidos, especialmente en la defensa de los derechos humanos y de la democracia”.
Respecto al Comité Asesor la FJA no establece sus funciones pero sí propone un modelo similar a los de Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos con representación de otros sectores y “más participativos y abiertos”.
El objetivo es que en el Comité Asesor esté representado “el pueblo” a través de diversas organizaciones. La FJA propone que haya entidades defensoras de los derechos humanos; las centrales nacionales de trabajadores inscriptas ante el Ministerio de Trabajo; el gremio representativo de los trabajadores judiciales; las entidades públicas y privadas con actividad documentada en defensa del patrimonio público y contra la discriminación, la contaminación y la degradación del ambiente; las entidades nacionales representativas de los profesionales universitarios sin representación en el Consejo; las entidades nacionales representativas de los jubilados y pensionados.
“La composición y los vicios del Consejo de la Magistratura nacional han vuelto al tope de la agenda política dando lugar a la reaparición de lobistas que pretenden limitar el debate al reparto de cargos de las corporaciones que lo integran e incrementar la impunidad y/o dependencia de jueces y fiscales”, criticó la FJA.
El debate volvió a la agenda pública tras la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas. Desde la oposición y sectores judiciales reclaman que se modifique la actual integración del cuerpo donde los representantes políticos tienen siete sobre los 13 miembros totales, y de los cuales cinco son del Gobierno.
La Federación señaló que en el debate se presiona “con una interpretación mezquina y elitista de la Constitución Nacional, relegando los derechos de justicia del pueblo y negando la realidad de que ese juego corporativo, que lleva más de diez años acumulando merecido descrédito, es una de las causas más relevantes de la falta de justicia que padecemos.”