"La Argentina tiene una matriz de medios altamente concentrada"

En diálogo con Diariojudicial.com, Silvana Giudici habló acerca del abanico de temas que trata la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Se mostró crítica con respecto al anteproyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuestionó, por ejemplo, “que la autoridad de aplicación dependa del secretario de medios” o que “las normas por las cuales se otorgan las licencias están sujetas a revisión cada dos años”. Precisó que no se debe “dejar estas ventanas que deja el anteproyecto oficial por donde se va a colar la interpretación de la autoridad de aplicación de la norma”. Por otro lado, sostuvo que aunque “la ley 22.285 proviene de la dictadura militar y es mala, mientras impera debemos cumplirla”.

¿Cuál es la agenda de temas a tratar por parte de la Comisión de Libertad de Expresión hasta que se produzca el recambio de diputados en diciembre?

En la Comisión de Libertad de Expresión trabajamos con una agenda amplia de lo que para nosotros significa proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión. Esa agenda amplia incluye temas como publicidad oficial, acceso a la información, radiodifusión, calumnias e injurias y medios públicos. Estos proyectos están presentados, la mayoría, desde hace dos períodos parlamentarios. Tienen estado parlamentario pero lamentablemente la Comisión de Libertad de Expresión no es cabecera de ninguno de ellos, sino que, en general el giro privilegia a la Comisión de Comunicaciones o a la de Legislación General para tratarlos. Hemos reclamado, hemos pedido ante la presidencia de la Cámara que se modifique esta situación porque nos parece que la Comisión de Libertad de Expresión tenía históricamente un rol distinto en el tratamiento de estos expedientes. Pero a partir de que esta comisión queda en manos de la oposición se empieza a recortar sus facultades en cuanto al trámite parlamentario. El tema me parece grave, lo hemos denunciado con los distintos diputados que integran la comisión. Cada expediente que merece el tratamiento de libertad de expresión, como lo fue por ejemplo el levantamiento del programa de Nelson Castro, o proyectos de declaración menores, si se los puede llamar así, terminan yendo a otras comisiones antes que a nuestra comisión. Eso es una dificultad para el trabajo corriente de la comisión

Usted mencionó distintos temas que se pretenden tratar, entre ellos, el de calumnias e injurias y su consecuente relación con el fallo de la Corte Interamericana en el caso “Kimel”. ¿Es así?

El fallo de la Corte Interamericana ya va a cumplir un año. Es inexplicable la demora que se tiene para modificar la tipificación del delito. Hemos conversado, invitamos al CELS a la Comisión de Libertad de Expresión hace un tiempo, y también a los distintos diputados que tienen proyectos, como la diputada Conti y la diputada Marcela Rodríguez. Entre todos los proyectos presentados acordamos avanzar en una unificación en los estilos. La gran dificultad que existe es que hay proyectos que tienen giros a Legislación, otros que tienen giros a Asuntos Constitucionales y uno solo tiene giro a Libertad de Expresión. Nosotros pedimos, primero intervenir en ese trámite, y después acordar con las comisiones respectivas un tratamiento urgente de esto. La verdad parecería que es uno de los temas que tiene mayor consenso para hablar. Y además, porque así lo indica el fallo, es importantísimo en la Argentina poder despenalizar calumnias e injurias, poder incorporar la doctrina de la real malicia, porque de esta manera se protege el ejercicio periodístico, en momentos donde la confrontación y la conflictividad aparecen como factor determinante en la Argentina entre el gobierno y la prensa.

Con respecto a una posible nueva Ley de Radiodifusión, ¿qué análisis le merece la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo?

Existen cuatro proyectos con estado parlamentario en Diputados y un proyecto en Senadores, y el del Ejecutivo todavía no es un proyecto sino un anteproyecto. Es un borrador, que no sabemos si se va a modificar y cuáles van a ser las modificaciones, por eso en general tratamos de no ahondar demasiado en el análisis del anteproyecto del Ejecutivo porque realmente no sabemos si las cosas que cuestionamos o que ponderamos van a seguir existiendo después de una serie de modificaciones que ya han anticipado que se le van a reformular.
Del borrador como está, nosotros cuestionamos principalmente que la autoridad de aplicación dependa del secretario de medios. El COMFER debe ser un organismo plural real, con participación de las minorías, de la sociedad civil y no puede depender de un secretario de estado que es quien lleva la relación del gobierno con los medios. Aparte, hay un párrafo que se le agrega al artículo 38. El artículo 38 del anteproyecto es el que define las características de las personas que pueden tomar licencias. En ese artículo se incorpora un párrafo que dice que las normas por las cuales se otorgan las licencias están sujetas a revisión cada dos años. En ese sentido, que las normas generales por las que se dan las licencias se puedan revisar cada dos años, es algo altamente cuestionable porque pone en un nivel de arbitrariedad y discrecionalidad política el otorgamiento de las licencias y el funcionamiento posterior de los medios. Basta mirar lo que esta pasando en Venezuela en relación con las licencias otorgadas para ver que esto es negativo. Si una persona que tiene un diario gráfico, no puede tener una licencia, eso tendría que estar en la norma y no dejar al arbitrio de la nueva unidad de aplicación cuales son las actividades de comunicación social relacionadas que van a invalidar o no al postulante de esa licencia. También discutimos el régimen de licencias, porque se ponen algunas restricciones que nos parecen demasiado direccionadas. Se dice que una operadora de cable no va a poder tener una señal abierta de televisión, cuando eso no presenta ningún antecedente en el mundo. También hablamos de un régimen de transición, de un año nada más, donde en una año van a tener que desprenderse de licencias los que supuestamente incumplan el nuevo régimen. Eso va a generar lo que denomino, un ‘mercado de remate’ de medios de comunicación. Sabemos que hay un proceso cooptación en estos últimos años de la administración kirchnerista de compra de medios de comunicación a través; o de la asignación de pauta oficial o de recursos del estado, o de empresas relacionadas con el estado. Entonces, un año de transición para el nuevo régimen va a fomentar ese proceso de cambio a manos amigas del gobierno. Creemos que los proyectos de ley para modificar la ley de radiodifusión, como todos los que están presentados, tienen que ser funcionales a generar pluralidad como fuentes informativas; generar universalidad en el acceso a esas fuentes informativas y también tienen que ser muy claras las condiciones y las nuevas reglas del juego.

Ud también tiene un proyecto

Nuestro proyecto habla de licencias en un marco general, habla de establecer un nuevo régimen pero siempre dejando un marco de transparencia. Si yo digo que a partir de ahora las licencias son doce, quienes pueden y quienes no pueden. No dejar estas ventanas que deja el anteproyecto oficial por donde se va a colar la interpretación de la autoridad de aplicación de la norma. Por ejemplo el fortalecimiento de las radios comunitarias, para nosotros es importantísimo. Las radios comunitarias desarrollaron una labor social importante después del retorno a la democracia y aún al día de hoy no están legalizadas. Antes de definir como va a ser la segmentación del espectro, el anteproyecto del Ejecutivo hace una segmentación de tercios, 33% privados, 33% para el sector público y 33% para el sector privado no comercial. De eso nosotros señalamos, está bien segmentar, lo que no esta bien es generar condiciones distintas para cada sector. El sector de los medios de comunicación privados y comerciales es importante en una democracia, no se puede borrar, suprimir o modificar por un sector público que termine unificando un discurso a favor del Gobierno. Creemos que tienen que coexistir, tanto el sector de la radiodifusión pública, teniendo medios públicos de calidad, amplios y realmente plurales. Tiene que haber un sector de medios privados fuerte y tiene que haber un sector para radios comunitarias y asociaciones sin fines de lucro. Ahora todo esto tiene que estar en un marco de mucha transparencia, quienes van a dejar de emitir para que emitan otros, porque el espectro radioeléctrico en la argentina hoy se encuentra colapsado. Y la situación administrativa del COMFER sobre el espectro es caótica, hoy ha admitido que no conoce quienes son los que emiten en la Argentina, reconociendo que no sabe quienes son los que tienen multiplicidad de licencias y como las tienen. Tampoco sabe cuando hay modificaciones en la composición accionaria. Para todo esto, no hay que esperar la sanción de una ley para ordenar este tema y creo que las radios comunitarias tienen que tener su permiso.

¿Qué opina sobre lo ocurrido durante la visita del relator sobre la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue?

La mayor crítica pasaba a partir del desconocimiento del tema. Las relatorías tienen procedimientos que no fueron respetados. Lo que le solicitamos concretamente es que escuchara a los demás sectores. Esto porque La Rue vino decididamente a apoyar un proyecto que no conoce, y desconocía los proyectos existentes y que cuentan con estado parlamentario. Concretamente, desconocía la situación Argentina. El relator debió cumplir con el procedimiento que establece la ONU para las relatorías especiales e informarse sobre los demás proyectos. Por eso le entregamos a La Rue un informe ampliado con los temas concernientes, y los distintos proyectos sobre acceso a la información, radiodifusión y calumnias e injurias, y una detallada información acerca del uso discrecional de la publicidad oficial y de los ataques a periodistas.

Muchas veces se considera que existe una gran concentración de medios en pocas manos. Se habla de que hay más bien libertad de empresa que libertad de prensa ¿Qué opina ud?

La Argentina tiene una matriz de medios altamente concentrada. Situación que fue favorecida durante el gobierno de Carlos Menem, donde se modificó la adjudicación de las licencias y se pasó de cuatro a veinticuatro licencias. Este tipo de política fue cristalizada durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, ya que durante su gestión, se extendieron el usufructo de las licencias por diez años más. En cuanto a esa tensión entre la libertad de prensa y de empresa, es algo que se encuentra superado debido a que hay un cambio de paradigma en donde hay múltiples emisores y receptores.

¿Cuál sería la situación ideal respecto al funcionamiento de la Ley de Radiodifusión?

Como primera medida debemos empezar por cumplir las leyes. La ley 22.285 proviene de la dictadura militar y es mala. Pero mientras impera debemos cumplirla. El derecho de los ciudadanos de conocer quienes tienen los medios de comunicación en la Argentina por ejemplo debe ser cumplido, este mapa de medios, tendría que estar disponible en Internet. El COMFER no hizo nada, no se cumple un mínimo de control sobre los medios, sobre las licencias y además en cuanto a su accionar, se actúa distinto con medios “amigos”.