Hay, sin embargo, algunos puntos diferenciales con respecto al procedimiento que se venía adoptando para estas delegaciones. Entre ellas, sólo el titular del Ejecutivo y el Jefe de Gabinete podrán ejercer “exclusivamente” las facultades. Además deberá “citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa, determinando número de ley y artículo”.
Otro punto que se modificó en miras de su aprobación en el Congreso Nacional es que la Comisión Bicameral será la encargada de analizar los DNU (decretos de necesidad y urgencia) que se sancionen. Así como también, dentro de los 240 días posteriores a la entrada en vigencia de los “superpoderes”, deberá realizarse un informe en donde se analizará y consignará cuáles son las leyes que delegan facultades; cuáles se encuentran vigentes; cuáles fueron modificadas, derogadas o son de objeto cumplido y si las materias se corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, el Senado otorgó media sanción al proyecto del Ejecutivo que fija un 5 por ciento como tope para reasignar partidas presupuestarias al Jefe de Gabinete. Durante esta semana será la Cámara de Diputados la encargada de sancionar, o no, la iniciativa para que esta se convierta en ley.
Esta propuesta ya cuenta con una denuncia en la Justicia Federal por el delito de traición a la patria. Se acusa a la presidenta Cristina Fernández; el ex presidente Néstor Kirchner y los senadores que votaron la sanción.
La denuncia fue presentada por Juan Ricardo Mussa, un justicialista disidente que desde hace años intenta llegar a ser jefe de gobierno porteño. Según el escrito presentado, existe una clara violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, pues allí se establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Además el artículo agrega que “actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”. La denuncia fue radicada en el juzgado criminal y correccional federal Nº 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.