El convenio celebrado establece una vigencia de 10 años y el carácter asociativo del mismo. La AFA aporta sus derechos originarios, mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros “su estructura organizacional para transmitir los eventos y comercializar por sí o por terceros los derechos de explotación primarios y secundarios”.
Allí se consigna cómo serán pagados los 600 millones de pesos anuales: cien de ellos serán por transferencia bancaria y el resto en once cuotas, mientras que el excedente será distribuido por mitades, 50% para la AFA y 50% para el Gobierno que lo destinará al fomento de los deportes olímpicos. Según el documento firmado, en caso que el Gobierno se retrace en su pago más de quince días, la Asociación podrá “dar por resuelto” el contrato.
Otro punto es la comercialización. En este sentido, se faculta al Gobierno, a través de la Jefatura de Ministros, “para comercializar por sí y/o por terceros la totalidad de los productos AFA, incluyendo —pero sin limitarse a— operadores de cable, DTH, aéreo, televisión abierta, Internet, empresas de telefonía fija y/o celular, así como cualquier otra plataforma creada o a crearse que pudiera difundir los productos AFA”.
En relación a las posibles divergencias que se puedan suscitar, se convino que sean sometidas a jurisdicción y competencia de los tribunales federales con asiento en la Capital Federal.
Pero ya se han presentado divergencias en torno al tema aunque fueron por el cesamiento del contrato entre la AFA y la empresa Televisión Satelital Codificada.
A mediados de agosto, el juzgado comercial Nº 9, a cargo de Paula Hualde, rechazó un amparo presentado por TSC que pretendía retrotraer la situación sobre los derechos televisivos.
Por su parte, la Asociación Civil “Salvemos al Futbol” denunció a la Inspección General de Justicia (IGJ) ante el juzgado federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini por considerar que el organismo incumplió en sus obligaciones de supervisar a la AFA. La denuncia fue presentada, a fines de agosto, por Mónica Nizzardo, titular de la Asociación con el patrocinio letrado de Mariano Bergés, ex juez que también forma parte de la ong.
foto: Télam