El camarista Eduardo Vocos Conesa utilizó una cita textual de un escrito de José Antonio Primo de Rivera en un obituario que publicó en memoria del ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín, que falleció la semana pasada. Eso motivó que Beinusz Szmukler, ex integrante del Consejo de la Magistratura, realizara una presentación pidiendo se abra un proceso para remover al camarista del fuero Civil y Comercial. Según explicó el abogado, “el juez presta un juramento en defensa de la Constitución y acá hay una clara violación de ese juramento”. Primo de Rivera fue un político fascista español fundador de la Falange. Fue condenado y ejecutado por conspiración y rebelión militar durante los primeros meses de la Guerra Civil Española y se convirtió, durante la dictadura franquista, en un icono y un mártir del "Movimiento Nacional".
Todos los programas de protección de testigos pasaron al Ministerio de Justicia
Los programas de protección de testigos en juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar fueron unificados en el Ministerio de Justicia de la Nación. Así lo informó a través de un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos que tenía a su cargo, algunas de las funciones. “La unificación de la ejecución de todas las acciones de protección de los querellantes y testigos era una necesidad imperiosa para que la existencia de programas diferenciados en órbitas distintas, no resintiera su eficacia y objetivamente diluyera la responsabilidad de los actores en juego, frente al cúmulo de causas que se avecinan. Esa es la razón de nuestra propuesta aceptada por el Ministro Alak”, explicó el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, que fue quien pidió que los programas pasen al Ministerio de Justicia. Ahora, esas tareas quedarán dentro del “Programa Verdad y Justicia”, a cargo de Elena Mariani.
Indagaron a D´Elía
El piquetero Luis D´Elía se presentó hoy ante la Justicia Federal como imputado, y reconoció haber liderado la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca en Junio de 2004. Sin embargo, negó ser responsable de los destrozos y daños provocados en el interior de la seccional ocupada ilegalmente por los manifestantes tras la muerte del dirigente social Martín Cisneros. En su indagatoria, el piquetero recordó que previo al asesinato de Cisneros se había reunido con funcionarios quienes advirtieron que ello podría ocurrir, y justificó su conducta al decir que la Policía sabía donde estaba el asesino y "no lo iban a buscar". D´Elía afronta los delitos de privación ilegítima de la libertad, daño agravado por tratarse de bienes del Estado, y amenazas, entre otros. En los próximos días, el juez Sergio Torres tiene previsto tomarle declaración indagatoria al ex secretario de seguridad Norberto Quantin, y a su entonces segundo, el ahora fiscal de instrucción José María Campagnoli.
Comienza el debate por el joven secuestrado en 2003
Este martes comenzará el juicio oral por el secuestro extorsivo de Pablo Belluscio, quien fue secuestrado el 22 de septiembre de 2003 al salir del complejo deportivo Perú Beach, en San Isidro. Belluscio pasó 43 días en cautiverio y sus captores, a modo de presión, le cortaron dos falanges del dedo índice. Los acusados serán los miembros de la banda de Horacio Abel “Lala” López (compuesta por éste junto a Ángel David Martínez, Mario Leopoldo Ibarra y Alejandro Oscar Villagra). Todos serán juzgados por “secuestro extorsivo agravado por el uso de armas, por haber logrado el pago propósito, por la participación de tres o más personas y por haber causado a la víctima lesiones gravísimas”, delito que tiene una pena de entre 10 y 25 años de prisión. En la misma causa, Juan Manuel Molina, Luis Daniel Ojeda y Agustín García serán juzgados por abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad. El debate se iniciará mañana a las 9, y se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, integrado por los jueces Clarisa Moris, Luis Oscar Zapata y Lino Mirabelli. La acusación estará a cargo del fiscal de San Isidro Jorge García, y no habrá querella porque la víctima no se presentó como particular damnificada. Voceros judiciales indicaron que aunque Belluscio vivió en el exterior tras el secuestro, ya volvió al país y será el principal testigo de la audiencia inicial.
Quedó firme la decisión de la Justicia panameña
En Panamá quedó firme la “caducidad extraordinaria” en una causa que la empresa Agrometal le había iniciado al Estado argentino por incumplimiento de un acuerdo extrajudicial que data de 1990. En 1998, la Corte Suprema del estado centroamericano dictó un embargo a la Argentina aunque la empresa panameña pretendía se extendiera también hacia el Banco de la Nación Argentina y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tras las gestiones de la Cancillería de nuestro país, la Procuración del Tesoro de la Nación y el Banco de la Nación, la Corte panameña levantó el embargo. El 28 de agosto, esta decisión quedó firme.