Como principio rector, el presupuesto sostiene que “la asignación de los gastos públicos se orienta conforme las prioridades que se reseñan a continuación: la seguridad social, la educación, ciencia y tecnología, la promoción y asistencia social y la inversión en infraestructura económica y social, en procura de un crecimiento con equidad”.
Con relación a la política de ocupación y salarios, el Presupuesto Nacional plantea “ejercer el control del gasto en recursos humanos” y a su vez realizar “acciones para la optimización cualitativa y cuantitativa del empleo público, tales como la implantación en las jurisdicciones y entidades tecnológicas de gestión de recursos humanos que permitan concretar una restructuración integral del capital humano del Estado”.
Respecto al Poder Judicial, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados estipula una reducción para la inversión directa. Tal es así que en 2009 el presupuesto asignado era de 232,3 millones de pesos y para el 2010 se prevé una reducción a 172,2 millones. La reducción se centra más que nada en el monto para adquirir bienes de uso, lo que representa la mitad de lo asignado para el año en curso (de 158,9 millones se pasó a 69,8 millones).
En cambio hay un incremento notorio para la inversión de proyectos que pasó de los 73,3 millones de pesos a unos 102,4 millones planteados para el año que viene. Aquí se incluye, por ejemplo, la construcción de los edificios de Combate de los Pozos y para la Morgue Judicial.
En cuanto a las inversiones para el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, los montos previstos también han sido reducidos ya que pasó de 559,6 millones a 511,4 millones.
En relación a la denominada función judicial relacionada con la administración gubernamental de la justicia, se prevé un aumento del gasto que pasará de los 3.925,9 millones de pesos estipulados para el corriente año a los más de 4400 millones de pesos estimados para el año 2010. Cabe recordar que estos gastos comprenden tanto las acciones del Poder Judicial, como las del Ministerio Publico, el Ministerio de Justicia, la procuración Penitenciaria de la Nación y el INADI.
El proyecto, también hace hincapié en la previsión para este año del otorgamiento de beneficios para las víctimas de los atentados terroristas de la embajada de Israel y de la AMIA así como las consecuentes indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos.
En cuanto al Sistema penal y las acciones vinculadas a la seguridad y rehabilitación de los internos, a la política e infraestructura penitenciaria y a la laborterapias de los internos se consignó para el próximo ciclo unos 1.275,2 millones de pesos que supera en más de doscientos millones a lo otorgado en 2009.
También se detalla un incremento para ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), encargada de controlar y regular las actividades industriales de la cuenca, así como el saneamiento y recuperación de la calidad ambiental. Precisamente en estos últimos meses la Autoridad estuvo exhortada por el juez federal de Quilmes Luis Armella para cumplir de manera eficiente con los objetivos encomendados, todo ello en el marco del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto ya comenzó a transitar el camino parlamentario, en este sentido este jueves la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Gustavo Marconato, recibió al Ministro de Economía Amado Boudou, quien presentó formalmente el proyecto.