El juez federal Norberto Oyarbide dispuso el secreto de sumario en la causa en la que investiga la adulteración de medicamentos en la Obra social bancaria y confirmó que en dos semanas comenzarán las indagatorias a los involucrados. Lo confirmó en el habitual diálogo con medios periodísticos que viene llevando a cabo en los últimos días en la puerta de su domicilio particular. En la causa están involucrados, entre otros, el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo y el ex funcionario Héctor Capaccioli.
A pedido de una lista opositora, como consecuencia de la investigación judicial
La justicia laboral suspendió las elecciones previstas para el miércoles en el gremio de los bancarios. La medida fue pedida por una lista opositora al oficialismo del gremio y fue dispuesta por la jueza del trabajo Liliana Tarbuch. Como consecuencia de la suspensión la magistrada ordenó la prórroga del mandato de las actuales autoridades del gremio hasta el mes de febrero de 2010. La Jusitica dispuso además que se ordenen los padrones de afiliados ante las presuntas irregularidades denunciadas por los demandantes.
La Corte todavía espera los fondos para nuevos empleados
En marzo de este año el Poder Ejecutivo había estipulado una reasignación de presupuesto para incorporar 750 empleados nuevos para agilizar la labor judicial. En diálogo con radio Continental, Carmen Argibay expresó que “nos cuesta siempre conseguir las partidas, eso es histórico y ya no nos quejamos de eso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a los 750 empleados que nos prometieron crear en marzo todavía los estamos esperando”. En aquella ocasión, el entonces jefe de gabinete era Sergio Massa, reasignó una partida de 36 millones de pesos para incorporar a esos empleados. Una medida que pretendía incorporar agilizar los juicios de diversos tipos, y no sólo los referentes a los delitos de lesa humanidad. Ya en mayo la Corte Suprema, a través de una nota, reclamó al Gobierno que cumpla con la reasignación de la partida presupuestaria prometida que al día de hoy no fue efectivizada.
Medidas urgentes para controlar la frontera con Bolivia
La Corte Suprema pidió al Poder Ejecutivo medidas urgentes para poder identificar vuelos clandestinos que transportan drogas ilícitas desde Bolivia. Lo hizo luego que la Cámara Federal de Salta solicitara la intervención del Alto Tribunal para la colocación de radares en la frontera con Bolivia, con el fin de identificar los vuelos que trafican ese tipo de sustancias. Mediante una nota, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la implementación de todas las medidas que sean necesarias para “la pronta solución de la problemática planteada” por los camaristas salteños. Según advirtió la Corte, "dada la gravedad de la situación” denunciada por la Justicia Federal de Salta, en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en esa jurisdicción, es urgente la necesidad de tomar medidas al respecto. El reclamo original por los radares había sido formulado por el juez federal de primera instancia de Salta, Julio Bavio.
Se postergó el comienzo del juicio por los delitos en la ESMA
El Tribuna Oral en lo Criminal Federal Nº 5 postergó el inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por la prolongación del juicio oral contra el ex general Jorge Olivera Róvere y otros ex militares de Campo de Mayo. El proceso estaba previsto que comience el próximo 6 de octubre y fue postergado para el 19 de noviembre. Serán juzgados Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros ex marinos, por el secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon. En el juicio contra Olivera Róvere la semana que viene comenzarán los alegatos de las defensas por lo que los tiempo no dan para iniciar el proceso contra el ex marinos en la fecha prevista.