La reforma más notoria con respecto a la ley vigente, tiene que ver con la libertad que tiene el juez a la hora de conceder medidas de prisión morigerada. Según el texto del proyecto el magistrado deba resolver la concesión de las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional, la detención domiciliaria o la libertad asistida, no podrá autorizarlas sin el acuerdo del fiscal de ejecución y del órgano técnico y el consejo correccional.
“Se requerirá que el organismo técnico-criminológico y el consejo correccional del establecimiento se hayan pronunciado sobre el concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso de la concesión de la libertad condicional para el futuro personal, familiar y social del condenado y que el fiscal interviniente haya dado su conformidad” consigna, por ejemplo, la posible modificación del artículo 28 de la ley 24.660.
Además, “al momento de conceder la libertad condicional se requerirá la comunicación a la fuerza de seguridad competente a fin de que adopte medidas de seguridad adecuadas. Entre las medidas a adoptar debe incluirse la notificación de la condena a los vecinos y compañeros de trabajo y estudio y la obligación de portar un dispositivo electrónico de control”.
Las rigideces que se plantean comprenden a los condenados por delitos contra la integridad sexual, como ser, abuso sexual, corrupción y promoción, facilitación y explotación de la prostitución.
La iniciativa fue presentada por los diputados y consejeros del Consejo de la Magistratura Diana Conti y Carlos Kunkel, quienes expresaron que “se justifica esta regulación ateniéndonos a las tasas de reincidencia que se registran en las personas que han cometido delitos contra la integridad sexual y a la gravedad que tienen estos hechos por los daños provocados a las víctimas”.
Además dijeron que con las reformas se pretende “reducir la probabilidad de reincidencia y es complementaria del Registro Nacional de condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, impulsado por distintas ongs, que ya cuenta con media sanción”. El proyecto ingresó en las comisiones de Legislación Penal y Justicia; por el momento no está previsto su tratamiento aunque la comisión cabecera.