En 2005, la funcionaria judicial Pamela Bisserier Díaz les inició una demanda por un comentario que hizo Leuco sobre supuestas irregularidades en la financiación de la película El caso Monzón-El segundo juicio, en el programa Informe Central, que se emitía por América TV y conducía Graña. Bisserier Díaz había participado en la producción del film.
En diálogo con DiarioJudicial.com, Graña opinó que “la causa prosperó porque Bisserier Díaz lleva muchos años en la familia judicial y, por eso, tuvo un tratamiento privilegiado”. El periodista además señaló que era un “delirio” pedir que se lo condenara a Leuco, a él y especialmente al ex CEO de América, Carlos Ávila.
“Era como si Ávila nos hubiera encargado un crimen y nosotros lo hubiéramos ejecutado”, ironizó Graña. Días antes de la prescripción, y tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, el juez Gabriel Ghirlanda decidió elevar la causa a juicio oral. Graña y Leuco entendieron que esa idea era “descabellada” y decidieron contar su historia a la prensa.
“Había tal forzamiento de los códigos y los reglamentos que daba para pensar que existía una cuestión de simpatía entre los miembros de la familia judicial”, aseguró hoy Graña ante la consulta de este diario.
Así, un día antes de la fecha prevista para que los comunicadores se sentaran en el banquillo de los acusados, fueron notificados de que el juicio quedaba suspendido y por lo tanto, definitivamente prescripto.
“Todo es formalismo –criticó Graña- algún juez tendría que decir ‘No a lugar’ en estas causas y habría que debatir la cuestión de fondo”. En ese sentido, el periodista se pronunció a favor de la despenalización de las calumnias e injurias pero diferenció entre los periodistas que efectúan una “narración de hechos a partir de las fuentes” y aquellos que “insultan”.
Tras la presentación de la Presidenta, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) aclaró que “el proyecto debería ser completado por los legisladores con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”.
Graña estuvo de acuerdo con este punto y opinó que un fallo contra un periodista no debería ser confiscatorio. Consultado con respecto a las reticencias de los periodistas a tener un estatuto para la profesión, Graña dijo: “el estatuto no sale porque buena parte de los periodistas no tienen titulo de universitario y algunos ni siquiera secundario”. “Deberíamos tener matrícula, al igual que en otras profesiones”, agregó.
En un comunicado que llegó a esta redacción, la asociación Madres del Dolor informó que la presidenta de la entidad, Viviam Perrone y Raquel Witis y Raul Buganem se presentaron como testigos en la causa que le inició el juez Eduardo Laveña, del Tribunal Oral Nº 7 de San Isidro, a Graña por calumnias e injurias.
En diálogo con este diario, Graña explicó que el magistrado lo demandó porque en su programa de televisión había dicho que Laveña había tenido actuaciones de “justicia idiota” en el caso de Kevin Sedano. “En mi concepción ‘justicia idiota’ es ir contra el sentido común; (algunos jueces) se amparan tanto en la letra chica, que se olvidan del sentido común”, dijo Graña.
El periodista agregó que Perrone tuvo que soportar mal trato del abogado Juan Aberg Cobo (que también patrocinó al represor Alfredo Astiz) al declarar en la causa.
Por otra parte, DiarioJudicial.com pudo averiguar hoy que el proyecto del Ejecutivo ingresó el pasado 15 de septiembre a la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja pero desde ese día no apareció en el temario de ninguna reunión de asesores, con lo que aún no tiene dictamen.