El incremento en el presupuesto en ejercicio se debe “a los efectos de afrontar los mayores Gastos en Personal derivados de mejoras salariales dispuestas por el Poder Judicial de la Nación”.
Para la financiación de esta ampliación, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández dispuso “la disminución de las Aplicaciones Financieras vigentes, modificándose, en consecuencia, el resultado financiero” para generar esos recursos.
De esta forma, los más de 185 millones serán distribuidos entre lo que se denomina, en el detalle de la decisión, “programa”. Esto es las diversas “áreas” que recibirán los recursos.
Para la Actividades Centrales de la Administración gubernamental se destinaron 146.688.960 pesos; mientras que para Mandamientos y Notificaciones 6.310 mil pesos. Cifra que aumenta a 8.490 mil pesos para Pericias Judiciales. Además se giraron 920 mil pesos a Biblioteca y Jurisprudencia y 2.120 mil al Archivo General.
Entre tanto que para la Administración General de la Corte Suprema de Justicia el monto designado es de 7.350 mil pesos. Monto que aumenta en cuanto a la Justicia de Máxima Instancia a la que se le asignaron 7.770 mil pesos.
Otro tanto le corresponde a Asistencia Social, a la que se le amplió el presupuesto con 2.040 mil pesos y Atención de discapacidades, para la cual se consignaron 650 mil pesos.
La reasignación presupuestaria en cuestión fue posible en “uso de las facultades conferidas por el Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, y sus modificaciones, sustituido por el Artículo 1º de la Ley Nº 26.124 y sus modificaciones”. Es decir, los denominados “superpoderes”.
Estos cambios se dan luego de que la semana pasada miembros de la Corte reclamaran por los 750 nuevos empleados prometidos por el Ejecutivo Nacional durante la gestión al frente de la jefatura de gabinete de Sergio Massa. No obstante, no hay ninguna especificación al respecto.