Daniel Rafecas
Juez federal
A las tres de la tarde de un miércoles, los tribunales federales de Comodoro Py están semi-desiertos. El juez federal Daniel Rafecas recibe a DiarioJudicial.com en su despacho del tercer piso. Allí, las paredes y la biblioteca están repletas de fotos familiares y distinciones de universidades. Rafecas, que llegó a su puesto por concurso hace cinco años, piensa las repuestas y selecciona cada palabra durante la hora que durará el reportaje. Acepta responder todas las preguntas, incluso las que podrían sonar más incómodas. Así, enfatiza que “la celebración de juicios orales masivos en todo el país (por causas de lesa humanidad) es una deuda que tiene Argentina con hacer una mirada más honesta de su pasado reciente”. El magistrado está convencido que a partir de la puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, en 1998, hubo un “cambio cualitativo para mejor” en el proceso de selección de jueces. Sin embargo, expresa su profunda preocupación por la presunta “filtración de exámenes” a aspirantes en los concursos y por las consecuencias directas que esto podría generar: el desaliento a futuros concursantes. Alineado con la gestión del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Rafecas sugiere “abandonar de una vez por todas el principio de legalidad procesal, y reemplazarlo por un principio de oportunidad”. Señala que “jamás recibió presión alguna de sectores oficialistas o de la oposición, ni de los medios ni de ningún otro factor de poder”. Consultado en relación con el perfil del juez, sugiere que los magistrados deberían abandonar todos sus intereses privados y particulares y consagrarse a lo público, mantener ciertos estándares de calidad técnica y tener “vocación democrática”. Pasen y lean.
Usted lleva la megacausa del I Cuerpo del Ejército. ¿Existe algún método para evaluar toda la prueba sin perecer en el intento?
Yo diría que en mis casi 25 años de carrera judicial, no hay dudas que esa causa fue el desafío profesional más importante que he tenido y que tendré. Son miles las víctimas, cientos los victimarios y decenas los recintos que constituyeron centros de traslados, de cautividad o de asesinato que hay que descubrir y reconstruir mediante la prueba. Efectivamente es una causa muy compleja (pero) en estos cinco años que llevo como juez federal hemos avanzado a un ritmo muy aceptable gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de las querellas, de los sobrevivientes, de los organismos de Derechos Humanos y del equipo de funcionarios con los que cuento. Una cuestión fundamental para lograr avances sostenidos y resultados aceptables es el haber agrupado tanto las víctimas, como los lugares, como los victimarios a partir de la elección de los centros de detención y tortura, porque está demostrado judicialmente hoy en día que los centros clandestinos operaban como una suerte de núcleo duro de la represión durante el terrorismo de Estado. Desde los centros clandestinos salían los grupos de tareas o patotas que secuestraban a las víctimas, allí se llevaban adelante los interrogatorios bajo tortura, se clasificaba la información obtenida, se hacían los trabajos de inteligencia y en los mismos centros clandestinos se mantenían cautivos a los secuestrados. De allí, además, partían los llamados traslados de los que hoy permanecen en su mayoría desaparecidos. Los centros clandestinos eran la estación final de una cadena de mandos. Nosotros ya hemos procesado a más de 100 autores y hemos reconocido judicialmente a más de 1000 víctimas y en la mayoría de estos casos los distintos tramos ya fueron elevados a juicio. Próximamente vamos a tener varios juicios orales.
¿Cuáles fueron las dificultades más importantes que debió sortear?
La dificultad más importante es la recolección de prueba, no hay ninguna duda. Estamos hablando de episodios que ocurrieron desde marzo de 1976 hasta el ‘79 u ‘80, es decir hace más de 30 años, muchas víctimas están desparecidas, (de) otras tenemos la información concreta que fueron asesinadas, otras nunca han querido hablar, otras viven en el extranjero. La mayoría de las víctimas sobrevivientes ha estado encapuchada y desconoce información respecto de aquella época. Nosotros nos valemos de la información que nos brindan los sobrevivientes pero también hemos sabido capitalizar en estos años la información residual que ha quedado en distintos ámbitos del Estado: legajos de los oficiales y suboficiales de las zonas donde operaban los centros clandestinos, sumarios administrativos de distinta índole, causas judiciales que se fueron tramitando en los primeros años 80, información que surge de los legajos de los habeas corpus que se presentaban en aquel entonces. También nos servimos mucho de los reconocimientos fotográficos; recolectamos fotografías de posibles implicados y después, con todas las garantías procesales, se hacen reconocimientos de fotos. La acumulación de estos elementos de prueba muchas veces nos lleva a tener elementos para indagar, procesar y luego elevar a juicio estos crímenes.
Como integrante de la comisión Interpoderes, que se creó con el fin de agilizar las causas por delitos de lesa humanidad, ¿cómo evalúa la gestión de esta Corte en la materia?
Si yo me sumé (a la comisión), que fue todo un honor y una distinción, es evidente que estoy absolutamente conforme con los lineamientos que se trazaron desde la presidencia de la Corte. Comparto plenamente el criterio que presentó (Ricardo) Lorenzetti en el sentido de que la Corte se puso a la cabeza de uno de los tres poderes del Estado manifestando y reafirmado que la política de juicio y eventual castigo por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura constituye en la Argentina, desde hace ya cinco o seis años, una política de Estado. Yo subrayo este gesto y lo comparto plenamente porque creo que es importante desde el punto de vista institucional, no solamente para el cumplimiento de los fines del Poder Judicial sino también para la consolidación del Estado democrático de derecho. Me parece que la celebración de estos juicios orales masivos en todo el país, que lleven justicia y verdad respecto de aquellos crímenes, que remuevan esa sensación de impunidad frente a hechos tan aberrantes y terribles cometidos desde el Estado autoritario, es una deuda que tiene Argentina con hacer una mirada más honesta de su pasado reciente. Creo que (la falta de justicia) es uno de los factores que explica la incapacidad del país para consolidar sus instituciones democráticas. Me parece que hasta que no hagamos este proceso de enjuiciar y llevar verdad y justicia a las víctimas, no vamos a terminar de alejarnos de esas influencias autoritarias que seguimos teniendo en la sociedad y en muchos estamentos públicos.
Muchas veces se nombra a Chile y Uruguay como ejemplos de institucionalidad dentro del continente pero esos países no juzgaron ampliamente a los responsables de sus dictaduras. Incluso, en las próximas elecciones en Uruguay se plebiscitará la ley de Caducidad.
- Son dos ejemplos divergentes entre sí. El grado y la profundidad de la represión, la violencia desplegada por el terrorismo de Estado en el país prácticamente no tuvo comparación en el resto de América latina. Los objetivos que se planteó la dictadura argentina fueron más allá que los que se propuso la uruguaya: planteaba un cambio radical de la sociedad, una homogeneización de la opinión pública y una verticalización absoluta entre los que detentaban el poder y los súbditos. En el caso de Chile, en los últimos años, el Poder Judicial transandino está llevando una política de Derechos Humanos similar a la de Argentina. Sin ir más lejos, un colega chileno ordenó la detención de 120 autores de autores de crímenes de lesa humanidad en esos años hace poco tiempo... Así que me da la sensación de que el proceso judicial chileno está discurriendo de modo paralelo al argentino. Porque no hay que olvidar que más allá del lugar en dónde se hayan cometido los crímenes se trata de crímenes contra toda la humanidad y, por lo tanto, es la comunidad internacional la que establece el hecho de que hay que perseguir estos crímenes, removiendo todos los obstáculos materiales y jurídicos que puedan haberse interpuesto, entre ellos, como en el caso de Uruguay, la ley de Caducidad.
Siguiendo en el plano internacional, ¿Cómo evalúa la presentación del sindicato de ultraderecha Manos Limpias contra el juez español Baltasar Garzón, a quien acusó de “prevaricato”?
En un estado de libertades, cualquier ciudadano, incluso con el cual uno menos tenga en común, que pueda ser este tipo de personajes un tanto refractarios al sentimiento democrático… cada uno está en su derecho de hacer la denuncia que crea conveniente. El problema no es tanto que uno sector ultramontano o de ultraderecha haya hecho una presentación contra un juez como Garzón sino lo llamativo es que se haya dado tanta magnitud. Se trata de una mera presentación que no va a llegar a nada.
¿Cómo se hace para acelerar las causas por delitos contra la humanidad?
En la comisión se trabaja todos los días para remover obstáculos puntuales. Por ejemplo, había mucha dificultad para la integración de los tribunales, porque existía una reglamentación que ponía muchas trabas; hoy las designaciones se hacen de un día para el otro. También se asignan salas de audiencia y recursos edilicios allí donde hace falta. En general, lo que yo percibí en estos meses de trabajo fueron soluciones puntuales para problemas concretos que plantearon cada una de las jurisdicciones, desde Salta y Jujuy hasta Neuquén y Bahía Blanca, es decir, en todo el país y en todos los niveles: en primera instancia, en Cámara e incluso en la Casación. Al mismo tiempo, en la comisión se trabajan proyectos de ley porque, por ejemplo, se necesitan más tribunales orales en algunas jurisdicciones, claramente en Capital Federal donde los seis Tribunales Orales Federales con la carga de trabajo que tienen y que la que van a tener…es evidente que hay que crear otros dos. Sería un gesto muy importante del poder político habilitar dos tribunales más para descomprimir y agilizar toda la administración de justicia.
En los últimos meses, con las sospechas sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, algunos actores sugirieron eliminarlo, ¿Ud. cree que esta sería una posibilidad cierta?
No. Pasa lo mismo que con la democracia: tiene enormes dificultades y defectos pero no hay dudas que es el mejor sistema. En todo Occidente existen organismos similares al Consejo de la Magistratura y no hay ninguna duda de que a partir de 1998, que fue cuando se puso en marcha, hubo un cambio cualitativo para mejor en todos los temas que maneja el Consejo. Antes, las designaciones no requerían ninguna exigencia técnica, académica ni profesional; eran prácticamente decisiones basadas en criterios políticos exclusivamente. En cambio, ahora, los criterios políticos están supeditados a una terna a la cual se llega por razones técnicas, de mérito, académicas, en razonable paridad de condiciones. Gracias a este Consejo yo estoy en mi puesto, sino jamás hubiese podido llegar a un cargo como este. Así que desde mi punto de vista se trata de un organismo que hay que sostenerlo, en todo caso mejorarlo, reducir los puntos conflictivos, hacerlo más ágil.
Puntualmente al Consejo se lo achacó por el actual mecanismo de selección de jueces, especialmente a partir del descubrimiento, durante un examen para ocupar un cargo en un tribunal de Paraná, de una filtración. Además, a fin de septiembre el diario La Nación publicó que en el concurso 140, que busca cubrir cuatro vacantes para la justicia federal porteña, habría indicios de que los concursantes tendrían de antemano el examen. Al juzgado de Rafecas llamaron pidiendo un fallo similar al que se tomó. El juez explica su versión de los hechos.
Lo que sucedió fue que vino una periodista y dijo que tenía un dato (se reservaba la fuente) según el cual en el concurso 140 había candidatos que tenían de antemano el examen. En este juzgado se hizo un relevamiento, porque el caso que resultó seleccionado estaba inspirado en un caso que había tramitado acá. Efectivamente, se detectó que unos 12 días antes del examen escrito, que fue en febrero, una funcionaria de la oficina de jurisprudencia de la Cámara del Crimen había llamado aquí pidiendo la resolución de la Cámara Federal en esa causa. Desde aquí se envió esa información y, en ese momento, la funcionaria hizo saber que el pedido había sido porque por solicitud del personal del tribunal de instrucción 11 (el concursante Luis Rodríguez está a cargo de ese juzgado). Nosotros pusimos todo a disposición del Consejo. (Creo que) no se pueden extraer definiciones concluyentes, pero sumándolo a otros elementos que puedan reunirse, se podrá llegar a una conclusión. Lo cierto es que lo que ocurrió, los rumores que circularon respecto a irregularidades en el concurso 140 sumado al escándalo de Paraná de filtración de exámenes a aspirantes, violando el secreto que rige conforme el reglamento, es muy preocupante por dos razones. En primer lugar, porque si se comprobara lo que se sospecha no habría dudas de que son casos de corrupción y teniendo en cuenta que se trata de operadores judiciales, tanto los jurados como los aspirantes en general, esto merece mucha atención y hay que esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y en segundo lugar, me preocupa no desalentar, a partir de estos episodios, a jurados que (a partir de esto) no quieran prestarse más a este tipo de actos, tan importantes para la vida institucional del Poder Judicial. Al mismo tiempo, me preocupa que los jóvenes que hoy son secretarios, oficiales mayores, defensores y quieren ser jueces, se vean desalentados, que descrean del proceso y desistan de presentarse. Esto es lo más trágico, lo más preocupante. Porque a mi no me cabe duda que allí está el futuro del Poder Judicial, es un potencial que el Poder Judicial no se puede dar el lujo de desaprovechar ni desalentar. Ellos son el alma y vida de los tribunales y estos episodios tienden a desalentarlos en sus aspiraciones a llegar a estos cargos tan importantes. Ojala se esclarezca.
O sea, avala el funcionamiento en general, pero modificando estas cosas…
En el Consejo de la Magistratura se tramitaron cerca de 200 concursos. Estos son casos excepcionales, hechos puntuales, que obviamente hay que neutralizar. No les quito importancia pero hay que ponerlos en perspectiva: el sistema funciona medianamente bien, si se puede mejorar bienvenido. Sería un enorme retroceso eliminar el secreto que rige en los exámenes escritos, por como ven los futuros aspirantes las chances de acceder a la terna. El secreto tiene un efecto simbólico muy poderoso en los aspirantes. Lo digo también por cuenta propia, que me amparaba en el secreto que me daba igualdad de oportunidades con el resto de los concursantes. Creo que es un buen camino mantener el secreto. También considero que es una buena idea agregar el examen oral público, como ya se hace en la ciudad de Buenos Aires.
Se habla mucho de la dificultad de la labor de los jueces federales, que deben investigar los delitos “más complejos” (lesa humanidad, corrupción, etc). ¿Cómo vive esto?
Es algo relativo. En Argentina hay muchos jueces federales en lo criminal. Es cierto que en ciertos juzgados tramitan algunas causas de alta relevancia institucional o de alto impacto en los medios pero depende que cada juzgado y de cada época. Aquí tramita la causa del I Cuerpo y la de sobornos en el Senado, que tuvo una relevancia política institucional y mediática innegable. Pero también puede ser que la justicia de instrucción tenga casos relevantes como fue (el juicio por el incendio del boliche República de) Cromagnon.
Concretamente se habla de “presiones” sobre los jueces federales, ¿se sienten?
En mi caso particular, en estos años de juez, jamás recibí ni yo interprete que hubiera tenido alguna presión de sectores oficialistas o de la oposición, ni de los medios ni de ningún otro factor de poder que haya querido influir en mi caso, jamás… pese a que he tenido causas de cierta relevancia, donde hay intereses en juego, jamás he tenido una presión directa o indirecta. Me atrevo a decir también que, del contacto que tengo con los jueces de mi generación, es algo que compartimos, que no hay tal presión. Yo trabajo con total libertad y autonomía y aplico la ley y mi criterio en todos los asuntos, sin interferencias.
¿Cómo es su relación con otros jueces de su generación?
Tenemos contactos informales, nos vemos en los pasillos, con algunos de ellos compartimos actividad académica. No hay una reunión estructurada, al contrario, a veces pasan meses y meses y no nos vemos. Faltaría este contacto porque, en general, son intercambios fructíferos, uno aprende mucho del contacto con sus colegas, quizás deberíamos hacerlo más seguido.
¿Debería existir un perfil de juez?
Sí. Yo no soy un experto es estructuras judiciales pero me da la sensación que es lo que está reflejando en la Constitución y en la ley. Un juez debe ser alguien que parta de la idea de que lo que hace es un servicio público, que es un servidor público y que por lo tanto tiene que abandonar todos sus intereses privados y particulares y consagrarse a lo público. Además, un juez no puede dejar nunca de tener una preocupación por mantener ciertos estándares de calidad técnica, una actualización permanente en sus conocimientos técnicos, una adecuación a novedades legislativas, jurisprudenciales, bibliográficas. Por otra parte, todo juez debe tener vocación democrática; claramente después de la dictadura que hemos vivido me parece que es indudable que la democracia argentina tiene que exigir en todos sus jueces una clara vocación por defender el estado de derecho.
¿Existe la imparcialidad a la hora de impartir justicia? ¿Es posible lograrla?
(Suspira) Bueno…La imparcialidad es un ideal al cual se va llegando no por un camino positivo sino a través de descartar lo negativo. A la imparcialidad se llega a través de que un juez en un proceso no tiene ningún interés en particular, directo ni indirecto y porque no está motivado por cuestiones ideológicas profundas que hagan que a uno lo conmueva del camino de imparcialidad.
¿Cómo ve el rol del juez en la sociedad?
Yo no soy imparcial para contestar esta pregunta (se ríe). Mi impresión es que está muy instalado, y creo que es correcto, este tema de que la justicia tiene la última palabra en la verdad de los acontecimientos. Por eso, la sociedad civil y los medios de comunicación están tan enfocados en lo que dice la Justicia en todos los hechos, los menores y lo más trascendentes. Creo que el papel es trascendental. Por eso es muy importante la renovación que se dio en la Corte, que es el paradigma del papel que cumple la Justicia. Una Corte prestigiosa como la tenemos actualmente, que ha sabido dar a conocer sus fallos a la sociedad y abrir canales comunicacionales directos ha mejorado mucho tanto en la cantidad de pronunciamientos como en el contacto directo en la sociedad y esto ha contribuido en la imagen de la Justicia. Esperemos que esto pueda contagiarse a otros tribunales.
¿La renovación que se dio en la Corte no se hizo extensiva al resto del Poder Judicial?
Tengo la sensación de que en los últimos diez años, de la mano de los concursos, hubo un recambio generacional, apareció una nueva camada de jueces, que son profesionales, y muy capacitados, en todos los fueros: la Cámara Comercial, la Cámara del Crimen, la Cámara Electoral y la Cámara Federal. Estoy seguro que la próxima generación, la de los funcionarios que hoy tienen entre 30 y 40 años que en su gran mayoría ya están formados completamente en democracia, va a ser mucho mejor. Yo tengo muchas expectativas con las nuevas generaciones. Por eso reitero la enorme importancia de tener un proceso de selección trasparente, serio, creíble y que funcione correctamente.
Se afirma que hay una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Es así o hay una justicia única?
Esa fue una de las razones de la Revolución Francesa…(sonríe). Pues… (piensa) si echamos un vistazo de lo que es la justicia penal y aquí me baso en reflexiones muy agudas que ha hecho el ministro de la Corte (Eugenio) Zaffaroni, vamos a advertir que se nutre, en una abrumadora mayoría, de las clases más desposeídas, los sectores más vulnerables. El sistema penal funciona en su gran mayoría contando con imputados que son niños o jóvenes de barrios periféricos, inmigrantes ilegales, personas con graves deteriores físicos o psíquicos; todos sectores de alta vulnerabilidad. Por supuesto que esto no debería ser así, porque delitos se cometen en todas las clases sociales y, es más, a veces los delitos que más daño causan al tejido social provienen de los sectores más altos. Pero una mirada honesta no puede negar esta realidad. Deberíamos apuntar a mejorar los criterios de selección con los que funciona nuestro sistema penal y para eso hay herramientas disponibles que se podrían utilizar: una es abandonar de una vez por todas el principio de legalidad procesal, que obliga a perseguir todos los delitos allá donde se cometan y más allá de que sean insignificantes, y reemplazarlo por un principio de oportunidad procesal en manos del Ministerio Público y quedarnos en el sistema penal con los casos más graves. Y la otra herramienta que podríamos utilizar sería que la Policía de Investigaciones (no la de Prevención) pasara a depender del Ministerio Público o del Poder Judicial y no del Ejecutivo, para que estos le establezcan pautas muy precisas y concretas que mejoren la selectividad con la que funcionan los sistemas penales. Ninguna de esas dos herramientas tan racionales existen ni existieron nunca en nuestro sistema penal y en parte explican un poco esta realidad. También, por supuesto, terminar de abandonar el sistema inquisitivo de proceso y pasar a un modelo acusatorio, esto también ayudaría a hacer más eficiente el sistema.
¿Qué opina sobre la judicialización de la política?
La relación entre la política y la justicia penal siempre fue conflictiva y nunca fue claro el límite. Dónde un determinado episodio político debe solucionarse en el ámbito político y cuándo debe trasponerse ese linde y pasar al ámbito judicial penal. El punto de partida es que hay que dejar en claro que cualquier ciudadano frente a la posible comisión de delito puede presentarse en una fiscalía y solicitar que se investigue determinado comportamiento. El problema es cuando esas iniciativas, a través de los medios de comunicación, se convierten en cuestiones políticas. El problema es que, con las denuncias, por lo general, incluso antes de que se entere el juez, en los diarios o en los medios ya se está diciendo que hay una denuncia presentada, entonces esto no hay duda de que constituye una manipulación nociva para el funcionamiento del Poder Judicial porque ejerce una suerte de presión hacia el sistema judicial de que tiene que dar ciertas respuestas rápidas y además señala claramente que hay cierta intencionalidad política, que parece más importante la noticia vinculada con la denuncia que la denuncia misma. Yo mismo he pasado este tipo de circunstancias y, es más, diría que a veces son denuncias que no tenían ningún asidero y que no podían encuadrar en ningún delito pero, eso sí, todas las radios a la tarde comentaban que a un político se le había hecho una denuncia por ciertos hechos y que a la tarde ya estaba archivada. La noticia era ensuciar a ese político con una denuncia en los tribunales federales. Está claro que en los últimos años, hay una propensión al abuso y a utilizar una herramienta o una institución tan sensible e importante como lo es la justicia criminal federal con fines que le son claramente ajenos y vinculados a una política mal entendida.