Los senadores defendieron la inmovilidad de los fiscales como una garantía de independencia del Poder Judicial y equipararon a los representantes del Ministerio Público al rango de jueces.
La polémica comenzó con un proyecto de ley impulsado por los legisladores del partido liberal y los que responden al ex presidente de facto Lino Oviedo. La iniciativa busca quitarle la movilidad en el cargo a los fiscales, los defensores al considerar que son auxiliares de la Justicia y no tienen el status que sí poseen los jueces para mantener la perpetuidad en el cargo.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la del Senado. Sin embargo, la norma tenía detractores que buscaron la manera que no entre en vigencia. El primer paso lo dio el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que en uso de sus facultades vetó la ley.
El veto fue tratado en el Congreso. En Diputados fue rechazo y la norma confirmada. Pero en el Senado, los impulsores de la iniciativa no se presentaron al debate por no contar con los votos suficientes para refrendar la ley. Así, por unanimidad (27 votos) los senadores opositores lograron aceptar el veto del Gobierno.
Los senadores defendieron la inamovilidad de los fiscales al sostener que así lo fija la Constitución Nacional. El artículo 270 establece: “Los agentes fiscales son designados, en la misma forma que establece esta Constitución para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales procedimientos. Además, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes del Poder Judicial”.
Por otra parte, expresaron que la inamovilidad del cargo no es absoluta ya que existe el mecanismo del juicio político contra los fiscales que cometan mal desempeño de sus funciones.
Otros senadores denunciaron que la ley contra la movilidad de los fiscales tenía un objetivo político: producir vacantes en el Ministerio Público y así colocar gente a fin a los oviedistas en el Poder Judicial.