Durante una sesión extraordinario, que se extendió por más de tres horas, los consejeros Liliana Blasi, Nelida Daniele, Julio De Giovanni, Eugenio Cozzi, María Teresa Moya y Gabriel Vega, y Mauricio Devoto, este último presidente del organismo, votaron a favor de enviar a juicio político a la jueza.
Por su parte, los consejeros Horacio Corti y Juan Pablo Mas Velez se pronunciaron a favor de aplicarle una sanción disciplinaria.
Ahora, el próximo viernes se sorteará quienes integrarán el Jurado de Enjuiciamiento, conformado por tres abogados de la matrícula, tres legisladores en ejercicio y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño y quien presidirá dicho Tribunal. Una vez integrado, el Jury decidirá si suspende en sus funciones a Parrilli.
Luego, una vez constituido el jurado, el Consejo tiene un plazo de cinco días para presentar la acusación contra la jueza Parrilli. Para dicha función, fue votado el consejero y presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina, Gabriel Vega.
Al ser presentada formalmente la acusación, el Jury contará con un plazo máximo de 90 días para expedirse y resolver si remueve de su cargo a Parrilli.
Las actuaciones contra Parrilli en el Consejo se iniciaron tras una presentación efectuada por el mismísimo ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien paralelamente la denunció ante la Justicia.
Tras ello, los tres consejeros que integran la Comisión de Disciplina y Acusación se pronunciaron en forma unánime por enviar a Parrilli a juicio político, dictamen que hoy fue avalado por la mayoría del Plenario.
En el día de ayer, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Norberto Circo le concedió la probation a Parrilli, y así evitó ir a juicio oral y público, aunque dicha resolución –según adelantaron las fuentes – será apelada por el fiscal Angel Carestía.
La probation consiste en realizar durante un año y medio tareas comunitarias no remunerativas en Caritas – por cuatro horas semanales- y abstenerse de conducir vehículos por el mismo plazo.
Además, el juez consideró apropiada la oferta pecuniaria hecha por Parrilli de indemnizar con 5 mil pesos a cada una de las empleadas (Rocío Gómez Y María Itatí Albe), quienes fueron víctimas del maltrato por parte de la magistrada.