El objetivo de la propuesta es optimizar el “acceso a justicia” a través de la implementación de estos métodos alternativos de resolución de conflictos y además, descomprimir la carga judicial de los Juzgados Civiles y del Tribunal de Familia. Y sería aplicado con carácter voluntario y gratuito a toda cuestión de carácter patrimonial o extrapatrimonial que sea susceptible de transacción siempre que no vulnere el orden público.
En cuanto al centro de resolución alternativa de conflictos, este estará conformado formada con personal especializado que tendrá a su cargo el tratamiento de aquellos casos en que las partes, por si mismas, decidan someter al procedimiento de mediación como también el tratamiento de casos derivados por los jueces del fuero civil y comercial.
También se propone en el ámbito del Tribunal de Familia, la aplicación de técnicas de solución alternativa, a partir de la intervención de las Defensorías de Pobres y Ausentes de Cámara y con personal especializado a tal fin. Por otra parte, los integrantes podrán ser recusados o podrán excusarse de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
En cuanto a la reglamentación que se propone, para la resolución de conflictos los funcionarios “no se encontrara sujetos a formalidades legales estrictas, sino solo a las características propias de la técnica de la negociación o la mediación según convenga y a las normas administrativas que para su mejor desarrollo y control disponga el STJ”.
El trámite será oral y no actuado (con excepción de la petición de gestión) y podrá ser solicitada por cualquiera de las partes interesadas en forma directa o en el supuesto de causas judiciales o por remisión del Juez interviniente, pudiéndose suspender a tal fin, en ambos casos, el procedimiento judicial por el plazo que autoriza el Código Procesal Civil (20 días). Si se arriba a un acuerdo este será sometido a homologación judicial.
La iniciativa es de carácter experimental y con la finalidad de ajustar la oferta institucional al requerimiento de la comunidad, y sólo resta la aprobación del Superior Tribunal para comenzar con su implementación.
La comisión de mediación fue creada hace dos meses fruto de la decisión que el presidente del STJ, Héctor Tievas y se encuentra coordinada por el ministro Ariel Coll e integrada por los jueces José Luís Pignocchi, Eva Oviedo de González y Claudia Pieske de Consolani, la defensora Oficial de Cámara, Claudia Carbajal Ziessenis, la Defensora de Pobres y Ausentes Nº 2 de Cámara, Silvia Pando de Vivas y la. Asesora de Menores de Cámara, María Fátima Pando.