El Máximo Tribunal se pronunció en el mismo sentido del dictamen emitido a fines del octubre por el Procurador Luis González Wercalde.
La causa, caratulada “Moreno, Guillermo”, se inició en 2008 cuando el juez Canicoba Corral requirió al Indec que le entregara los parámetros por los cuales medía la información estadística.
El organismo, amparándose bajo el secreto estadístico, que surge del decreto 3110, de 1970, se negó a suministrarlos, por lo cual el juez Canicoba Corral allanó esa dependencia y obtuvo la información buscada.
Ante esa situación, el Estado presentó una demanda que tuvo revés judicial tanto en primera instancia como en Cámara.
El dictamen de González Warcalde aclaró que la cuestión era “abstracta” –porque la justicia ya había obtenido los datos a través de un allanamiento-, pero opinó en contra del artículo 14 del Decreto 3110 de 1970.
La norma presidencial es reglamentaria de la ley 17.622 de creación del Sistema Estadístico Nacional, que incluye a los magistrados entre quienes tienen vedado el acceso a esos datos.
González Warcalde sostuvo que las medidas judiciales que piden esos datos no afectan al buen funcionamiento del organismo ni al manejo correcto de las fuentes.