La Cámara Federal amplió el procesamiento del ex titular del PAMI durante el Gobierno de Carlos Menem, Víctor Alderete, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en una causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en el servicio de traslados áereos de pacientes graves. Los jueces de la Sala II de la Cámara, Horacio Rolando Cattani y Eduardo Farah, sostuvieron que desde la creación en 1997 de la Unidad de Traslado por Razones de Salud “se produjo un notable incremento de los vuelos sanitarios, muchos de los cuales se abonaron a precios muy superiores a los del mercado y otros sin la debida demostración de urgencia que justificara el traslado por esa vía”. El tribunal agregó que en el PAMI “se tornó habitual la contratación de vuelos privados para el traslado de los beneficiarios, abonándose por sus servicios cifras mucho más elevadas a las que debieron erogarse”.
Moreno citado en penal económico
El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, deberá comparecer ante el juez Marcelo Aguinsky el 9 de diciembre. Allí deberá ratificar la denuncia presentada contra de integrantes del directorio de Papel Prensa S.A. y también dar cumplimiento a todos los requisitos que surgen del código de procedimientos y del reglamento para el funcionamiento del fuero, inherentes a cualquier tipo de denuncia. En esa ocasión Moreno declarará como testigo, bajo juramento de ley, pudiendo aportar las pruebas en que apoya la imputación formulada, indicaron las fuentes consultadas. Luego de la audiencia, el magistrado correrá vista al Ministerio Público, quien deberá pronunciarse si da impulso o no a la acción penal, tal como lo reclama el funcionario de Economía.
Conclusiones de un seminario sobre Sistema Penal Juvenil
En el marco del seminario internacional sobre Sistema Penal Juvenil, un informe de la relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que la mayoría de los países de la región (entre ellos Argentina) no cuenta con leyes que prohíban el castigo corporal en los hogares y escuelas. En el país, el 23 por ciento de las víctimas de violencia directa son varones y mujeres menores de 18 años, según los últimos datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Además, más del 70 por ciento de las personas sub-afectadas en este tipo de situaciones, son niños, niñas y adolescentes. Sólo 24 Estados en el mundo prohíben legalmente el castigo corporal incluso en el hogar, entre ellos Venezuela, Uruguay y Costa Rica.