La jueza basó su decisión en que se violó el artículo 170 de la Constitución Provincial y obliga a la provincia a pagar en el lapso de treinta días la diferencia. Monto que será retroactivo a octubre del 2008. No obstante, la sentencia ya fue apelada por el fiscal de estado de la provincia, Diego Carmona quien argumentó a los medios locales que “vemos a esta resolución con mucha preocupación, básicamente porque la lectura que hacemos de esta situación es que la conjueza lo que pretende es que la provincia de Chubut pase a ser una provincia con déficit, que destruya su presupuesto, que prometa salarios que no son posibles de pagar”.
“Las asignaciones que actualmente perciben los magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Chubut violan el principio de intangibilidad expresamente reconocido por el artículo 170 de la Constitución de la Provincia de Chubut” consigna la sentencia, a lo que se le agrega debe respetarse el promedio de las asignaciones que perciben los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales en la región patagónica.
Carmona no fue el único en salir al cruce de la decisión judicial, también el gobernador de la provincia, Mario Das Neves, dijo que se “pone en riesgo la gobernabilidad” y los calificó de “desvergonzados” e “indignos”.
Haciendo gala de una extraña disociación en los temas de seguridad, soslayando que es el Poder Ejecutivo quien maneja a la Policía provincial y es el Poder Legislativo quien dicta las leyes, cargó de responsabilidad al Poder Judicial. Enojado por el amparo les endilgó a los jueces la culpa con respecto a la “inseguridad”. “En Chubut hay una justicia garantista, los robos siguen a la orden del día y todavía pretenden auto aumentarse los sueldos, que ya son de $13.000, en una evidente actitud desestabilizadora” culminó.
Incluso se puso al frente de una jornada de protesta para el próximo 10 de diciembre en todos los tribunales de la provincia. Amenazando con ponerle nombre y apellido a los “desvergonzados funcionarios judiciales, que nos asiste el derecho” agregando que “cada peso que el Estado invierte o gasta hay que rendírselo a la gente, le vamos a explicar qué significa esta decisión vergonzosa de una jueza”.
En el amparo, la Asociación de Magistrados provincial sostiene que por efecto de la porcentualidad las escalas remuneratorias del Poder Judicial han sufrido una notoria distorsión entre el estamento magistrados y funcionarios respecto a los empleados, agregando que hubo una “desjerarquización funcional”.
De todas maneras la decisión de la conjueza deberá recorrer un largo camino hasta hacerse efectiva, ya que el Ejecutivo provincial prometió, si fuera necesario, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las sucesivas apelaciones al fallo.
Cabe destacar que son solamente un grupo de jueces, unos 60, quienes se han adherido al amparo. El fallo de Peralta sólo tendrá efecto sobre quienes se ampararon y no sobre la totalidad de los magistrados y funcionarios de la provincia.