La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el Cuerpo Médico Forense no realice estudios genéticos en causas donde se busca determinar la identidad de personas apropiadas durante la última dictadura militar. El pedido se basó en la ley 26.548 por la que el Congreso creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para realizar esa clase de estudios. A través de una nota los fiscales general de la Unidad. Jorge Auat, y el coordinador Pablo Parenti, le solicitaron al Máximo Tribunal que el Cuerpo Médico Forense “no intervenga en este tipo de peritajes o bien que reenvíe al Banco Nacional de Datos Genéticos todo peritaje genético que le haya sido encomendado en el marco de una causa por apropiación de menores cometida en el marco del terrorismo de Estado”. Los fiscales explicaron que hubo casos en que el Cuerpo Médico al no contar con los recursos para exámenes de ADN “delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en laboratorios públicos o privados”.
Una iniciativa de Madres de Plaza de Mayo
En coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 26º aniversario de la recuperación democrática en el país, las Madres de Plaza de Mayo sustanciaron un juicio “ético y político” a quien fuera el ministro de Economía de la dictadura que se prolongó entre 1976 y 1983. La iniciativa fue preparada por los abogados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat, Antonio Rojas Salinas y Sergio Gandolfo, y por los economistas Felisa Miceli y Andrés Asiaín. Según Gandolfo el juicio contra Martínez de Hoz tuvo una parte jurídica, a cargo de los abogados de la asociación, y una parte política, que corresponderá a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En cuanto a la defensa del represor, dado que ningún profesional quiso tomar ese lugar, se reproducirán diferentes audios de personas que hayan declarado en su favor. Los testigos serán, entre otros, el titular del gremio de los judiciales Julio Piumato, la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, el secretario general de la UOM de Villa Constitución, Alberto Piccinini (quien estuvo detenido en cárceles de la dictadura), y el historiador e investigador Marcelo Valko. Además de impulsar un plan económico nefasto, Martínez de Hoz está imputado en una causa que investiga el secuestro, en 1976, de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim (padre e hijo), detenidos el 5 de noviembre de 1976 por decreto del Poder Ejecutivo, entre otras.
La AFIP suspendió juicios fiscales contra deudores agropecuarios
Mediante la resolución 2.723, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció la suspensión de los juicios de ejecución fiscal para los productores incluidos dentro de la Ley de Emergencia Agropecuaria. El anuncio fue hecho por el titular de la entidad, Ricardo Echegaray, quién aclaró que en el caso de los juicios “no hay una condonación de intereses” con lo que, vencido el plazo de la emergencia, “correrán los intereses que correspondan”. Los productores tendrán treinta días para solicitar los beneficios en sus respectivas provincias que están dentro de la ley 26.509. Esto es, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz y Corrientes.
La Cámara Federal dijo que es prematuro archivar la causa
La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó que el ex presidente Néstor Kichner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, continúen siendo investigados por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso de la Secretaría de Transporte, en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) halló supuestas anomalías, entre ellas una transferencia de 17 millones de pesos a la obra social de los camioneros del titular de la CGT, Hugo Moyano. La Cámara consideró "prematuro" el archivo de la causa por inexistencia de delito que dispuso el juez federal Sergio Torres y le ordenó que continúe con la pesquisa de la denuncia presentada en 2005 por un abogado contra Kirchner, De Vido, el ahora ex secretario de Medios, José Albistur; el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.