Luis María Cabral
Presidente del Consejo de la Magistratura
Luis María Cabral asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura en una ceremonia colmada de público y que contó con la presencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, las ministras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, el ministro de Justicia, Julio Alak y el Procurador General, Estaban Righi. Cuatro días más tarde, recibió a DiarioJudicial.com en el despacho de su vocalía, en Paraná al 300. Dos cosas sorprendieron de su biblioteca, repleta de fotos con magistrados e incluso con ministros de la Corte: una Constitución de la República bolivariana de Venezuela en miniatura y un lapicero de Ernesto “Che” Guevara. Curiosidades. En la entrevista, Cabral aseguró que “la organización de una república con división de poderes, establece que son los jueces los que toman decisiones para resolver determinados conflictos” y afirmó: “Si algunos funcionarios creyeron entender de otra manera las normas constitucionales, creo que se equivocaron”. Consultado en relación con las irregularidades ocurridas en un concurso en Paraná opinó que “los vicios no tienen que ver con un sistema de concursos sino con corrupciones personales”. Consideró “imprescindible” que “la Corte integre el Consejo” y manifestó que no acepta las “denominaciones de familia ni las de corporación judicial”. “Cada juez es el Poder Judicial, los jueces son un poder del Estado, no una corporación”, dijo. Ver videos
¿Cuáles serán los ejes de su gestión en 2010?
En primer lugar creo que hay que resolver un trabajo coordinado y mancomunado entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura en materia administrativa, que otorgue la mayor celeridad y comunidad de planes especialmente en todo lo que hace al desarrollo de la informatización y digitalización en la justicia y un plan edilicio. Sin subordinación de un órgano al otro; cada uno tiene sus propias funciones, pero el trabajo debe ser coordinado y común porque ese es el interés para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Otro eje será la recuperación de la credibilidad en el sistema en el sistema de concursos del Consejo para la selección de magistrados. Creo que por algunas cuestiones puntuales, se ha manchado el sistema de concursos, que no creo que haya sido de modo alguno corrupto sino que ha habido algunos casos de corrupción personal. El sistema no solamente debe ser transparente y eficaz, sino que también es necesario que así sea percibido tanto por los concursantes como por la sociedad. Estos, creo, son aspectos fundamentales a llevar adelante. En materia de acusación, es necesario imprimirle la mayor celeridad posible a las distintas denuncias que se reciben. En este sentido, en este año se trabajó mucho y creo que eficazmente en la desestimación de una gran cantidad de denuncias que han pretendido utilizar al Consejo como una instancia simplemente por un desacuerdo con las resoluciones que han dictado los jueces, buscando otra resolución. Y el Consejo no está para eso. El Consejo está para analizar la conducta de los jueces en cuanto a su desempeño y por supuesto en los casos en los cuales se acredite el mal desempeño o un desempeño no ajustado a derecho, intervenir. Pero en modo alguno para indicar las formas con las que se debe resolver ni para sancionar o castigar a los jueces por el sentido en el cual adoptan sus decisiones mientras estas sean asumidas con imparcialidad.
En su asunción, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti lo llamó “querido amigo”. ¿Hay una relación de amistad con Lorenzetti? ¿Cómo puede impactar esto positivamente en la relación Consejo-Corte?
Creo que la expresión tiene que ver con un trabajo común de carácter institucional, más de allá del respeto personal que ambos nos profesamos. Se trata de que dos órganos constitucionales, que tienen funciones tan relevantes como las de resolver aspectos que hacen al funcionamiento independiente de un poder del Estado no trabajen en forma disímil sino conjunta en todos los aspectos que así lo merezcan. Creo que la amistad aludida es la pasión común por un Poder Judicial fuerte, independiente, imparcial, eficiente, que satisfaga con la mayor celeridad posible los reclamos de justicia de los habitantes que recurren al Poder Judicial para dar soluciones a sus conflictos.
En este sentido, días después de su asunción la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que los jueces también deben ser independientes de los poderes económicos, a los que nadie vota. ¿Ud. está de acuerdo con esta expresión de la Presidenta?
Totalmente. El jueves pasado, en las palabras que dirigí al asumir la presidencia, señalé que se debe ser independiente tanto de los poderes como de los poderosos, refiriéndome a los que tienen poder en motivo de razones económicas o sociales y que tienen instrumentos con los que quieren imponer criterios y decisiones. En todo caso, los criterios y decisiones los impone la Constitución nacional. Y en ese sentido, aspiro a que haya jueces que puedan actuar más allá de las presiones que puedan recibir, provengan de poderosos económicos, sociales o políticos y esto es lo que le va a devolver al Poder Judicial, a la justicia en general, la confianza con la cual siempre la vio nuestra ciudadanía.
También en su asunción, dijo que “en un Estado democrático las decisiones judiciales deben ser acatadas”. En este sentido, ¿Cómo ve su relación con el Poder Ejecutivo y con sus representantes (diputados, senadores, etc) en el Consejo de la Magistratura?
Yo creo que más allá de los desacuerdos puntuales que ha provocado alguna decisión judicial (N. de R: se refiere a la orden del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de no dar cumplimiento al fallo de la jueza laboral Beatriz Ferdman), no hay, por parte de representantes del Poder Ejecutivo ni creo que lo haya de la persona de la Presidenta la idea de que se puedan desobedecer las órdenes judiciales. En todo caso, estas pueden ser recurridas por las vías establecidas, pero ciertamente no creo que exista una discusión en la República acerca de desentenderse, desoír o enfrentar las decisiones judiciales por parte de otros poderes. La organización de una República con división de poderes, establece que son los jueces los que toman decisiones para resolver determinados conflictos, como para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y los derechos humanos a todos los justiciables. Esto debe ser así, si algunos funcionarios creyeron entender de otra manera las normas constitucionales, creo que se equivocaron. Espero que haya una reflexión que les permita ajustarse plenamente a lo que es el régimen propio de un Estado de derecho.
Quisiéramos referirnos al caso del concursante Hernán Tuppo, que se comprobó que antes de rendir un examen tenía el texto con el que iba a ser evaluado. ¿Considera que la modificación al reglamento de los concursos puede quitar estos vicios?
Yo creo que estos vicios no tienen que ver con un sistema de concursos sino con corrupciones personales. Tanto el concursante que se dispone a recibir las pruebas como el jurado que las deja trascender para alguno o algunos concursantes, actúan de una forma simplemente corrupta, que incluso puede ser delictiva. No puede haber ningún sistema que esté libre de recibir algún embate de quien, por su libre albedrío, resuelve desoír a la ley y a las obligaciones que se les imponen si está dispuesto a realizar irregularidades. Quienes actúan de esta manera no tienen el derecho a ejercer el honor de la investidura judicial.
¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del nuevo reglamento aprobado por el Consejo?
Uno de los puntos fuertes del reglamento es que lo hemos discutido en un debate público. Creo que la introducción de una etapa oral y pública es algo bueno, que va a permitir que se vea la forma del manejo técnico y jurídico con intervención del jurado en esa decisión, más allá de aquella sobre el perfil del candidato. Le veo un punto flaco: vamos a tener que ajustar el tema de los tiempos. Tenemos que llegar a un sistema en el cual podamos concentrar las decisiones de los jurados de manera inmediata con las entrevistas orales y técnico jurídicas. Porque de lo contrario podría ser una demora inconveniente para el funcionamiento nuestro. Ciertamente quiero decirles que la mayor parte de las demoras, salvo en algún concurso, no han sido del Consejo ni del Senado, sino de los restantes pasos institucionales…
¿Cómo vislumbra que avanzará el caso del juez Alberto Pravia? Él presentó un descargo bastante fuerte en el que negó ser amigo de Tuppo (dijo que se habían cruzado algunas veces) y negó enfáticamente haberle dado el examen.
Si, leí el descargo de Pravia. Si uno lo lee autónomamente es fuerte, pero si uno lo vincula con los elementos de prueba que existen en el expediente y con los que surgen de la causa penal, hay muchas cuestiones que no han sido explicadas por su parte y que realmente no supera su descargo. En este sentido, creo que la gravedad de las imputaciones merece una decisión adecuada por parte del Consejo y espero que así se adopte. Por mi parte hasta ahora no he visto que las explicaciones de Pravia lo excluyan de su responsabilidad. Todavía es un tema en el cual estamos deliberando. Veremos cuáles son las pruebas que resta realizar. Y de lo que surja de ellas tomare una decisión subjetiva y el conjunto del Consejo de la Magistratura también lo hará.
¿Cómo va a seguir el controvertido concurso 140?
En este momento hay una causa penal que se tramita ante el juzgado de (María) Servini de Cubría y la comisión de Selección resolvió, antes de tomar ninguna medida, conocer un informe acerca de esta causa, porque esta causa no es sobre algún concursante sino que es sobre la posibilidad de que haya habido fraude en el concurso. En este sentido, es necesario que tengamos una información más completa de la existencia o no de pruebas al respecto antes de resolver. Por otro lado, el Consejo fue notificado de una medida cautelar obtenida por uno de los concursantes de suspender todo trámite hasta que se resuelva una cuestión. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por la comisión y por el plenario. Este concurso tiene una importancia particular porque los jueces que sean elegidos tendrán que resolver cuestiones relativas al poder. De todas maneras, debo decir que no tengo elementos objetivos para sostener que los rumores que circularon se hayan confirmado y por supuesto estoy atento a eso porque creo que es uno de los temas relevantes que tiene el Consejo. No solamente por este concurso en sí sino por el funcionamiento mismo, serio y responsable del Consejo para resolver sobre estos casos.
¿Cuál es su postura respeto de una posible reforma a la ley 26.080?
Actualmente el diseño legal no satisface la propuesta constitucional de equilibrio entre los sectores que lo integran, por eso creo que debe haber más jueces, más abogados, más académicos, para otorgarle el equilibrio pretendido por la Constitución. (Es necesario) equilibrar de alguna manera, que no haya un sector preeminente que pueda imponer agenda por si solo ni trabar decisiones. También es imprescindible que la Corte integre el Consejo, y el presidente o un ministro sea la cabeza del Consejo, esto le va a dar trabajo necesariamente coordinado.
¿Estaría de acuerdo con la presencia de empleados o funcionarios del Poder judicial en el Consejo?
Es un tema a considerar y estudiar. En este momento nuestra integración está establecida en la Constitución nacional y no aparecen los empleados judiciales como tales. La Constitución ha querido poner a sectores predeterminados: jueces, abogados de matrícula federal, académicos de las universidades nacionales y los representantes de los órganos elegidos por la voluntad popular, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esto es un número clausu que no aparece en el diseño constitucional como factible de ser integrado por otros sectores porque sería la inclusión de un estamento que modificaría la forma del equilibrio que ha elegido darle la Constitución.
¿Qué número de consejeros considera adecuado para una integración equilibrada?
No creo que se pueda volver a la integración anterior y tampoco creo que se pueda establecer una fórmula matemática y fija sobre la integración. Pero si es necesario que los distintos sectores que la integran guarden una proporcionalidad en el todo del Consejo tal que ninguno pueda tener una preeminencia absoluta. Hoy en día hay un sector que por sí solo puede impedir determinada votación y esto creo que es inconveniente y contrario a esa idea.
En un informe dado a conocer a principios de 2006, antes de la sanción de la ley 26.080, la ex consejera por el ARI Marcela Rodríguez denunciaba una “alianza” entre los jueces y el poder político. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo creo que la composición pluriestamentaria que ha querido la Constitución para el Consejo establece que en algunos momentos, algunas de estas alianzas puedan ser realidad. Lo que no creo es que pueda haber un sistema por el cual una alianza entre unos sectores excluya a los otros. Creo que el diseño legal excluye de la comisión de Selección a los abogados poniéndolos en un lugar relegado, que la Constitución no ha querido. Creo que es una de las reformas que debe haber: que los abogados vuelvan a tener participación en la comisión de Selección. Este es tal vez un detalle más en el objetable diseño del Consejo.
Desde varios sectores se acusó y se acusa al Poder Judicial como un poder corporativo. ¿Hay algo de cierto en esta afirmación?
Puede ser que haya quienes actúen corporativamente, pero sustancialmente yo no acepto ni las denominaciones de familia ni las de corporación judicial. Cada juez es el Poder Judicial, los jueces son un poder del Estado, no una corporación. Denominarlos como corporación es una forma de maltratarlos institucionalmente cuando la Constitución ha querido otra cosa. Ha querido dar a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores resoluciones de enorme trascendencia para una vida social en paz. Y en ese sentido, lo que debe hacerse es reconocer la participación institucional que tiene en el sistema de división de poderes. Llamarlos corporación es una forma de menosprecio, que en modo alguno puedo aceptar.
¿Hay alguna crítica que deben hacer los jueces? Se habla del horario restringido de trabajo, las licencias, las extensas vacaciones, pero más allá de estas cuestiones formales, ¿Hay otras críticas?
Yo creo que la organización de los tribunales ha llevado a este sistema de las ferias que compactan el momento de las licencias de los jueces. Podría haber otra forma pero no sé si sería más eficiente organizativamente. Tampoco resultan licencias demasiado extensas si se tiene en cuenta que en realidad significan 32 días hábiles al año y ciertamente cualquiera con más de 10 años de antigüedad tiene aproximadamente esos días de vacaciones; esa no creo que deba ser la crítica. Tampoco los horarios, porque esos son horarios de atención al público. Y los empleados no tienen por qué trabajar por fuera del horario por el que han sido contratados. Los jueces no tienen un horario, deben cumplir todo el horario necesario para llevar adelante sus tareas. Y normalmente creo que es así. Habrá algunos que creen que su horario es de 7.30 a 13.30. En todo caso, esos están equivocados. Pero la inmensa mayoría trabaja y debe trabajar permanentemente para poder estar al día y satisfacer las necesidades.
¿Hay alguna autocrítica que deba hacerse el Consejo por su funcionamiento en 2009?
Si, yo creo que siempre debemos ser críticos de nuestras actividades porque eso es lo que permite que las mejoremos. Creo que a pesar del esfuerzo puesto por todos los consejeros, todavía estamos atrasados con los concursos, todavía se demora más de lo que deseamos las denuncias que se formulan para llegar a una decisión y esto realmente es algo que debemos corregir. Pero tampoco creo que todo lo que se dice negativamente del Consejo sea cierto. El Consejo trabaja, lleva adelante una enorme cantidad de concursos. En 2008 se aprobaron 58 ternas, este año 55; no es poco el trabajo que se realiza y no creo que, más allá de la crítica para ajustar los métodos de trabajo, sea un órgano que solamente merezca crítica, también merece el reconocimiento a un esfuerzo común.
¿Cómo fue la negociación para que Ud. presidiera el Consejo, teniendo en cuenta que es la segunda vez consecutiva que un magistrado preside el cuerpo?
Si hubo una negociación, no forme parte de ella. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que los jueces deben presidir el Consejo de la Magistratura porque hay algunas funciones que hacen al funcionamiento como poder independiente y por lo tanto lo conveniente es que sea un juez y por supuesto que lo conveniente sería que ese juez fuera ministro de la Corte. Pero en este diseño, siempre sostuve que debía ser un juez. Nada tengo que decir de quienes no siendo jueces lo presidieron (N. de R: el Consejo fue presidido en 2007 por el abogado Pablo Mosca y en 2008 por el académico Mariano Candioti), lo hicieron dignamente por la voluntad de sus pares. Pero los jueces siempre votamos jueces. Y en ese sentido, creo que es una opinión del conjunto de la magistratura, que yo comparto plenamente. Lo que sí puedo decir es que me satisface que hayamos podido llegar a una elección en la cual hemos coincidido todos porque esto pone de manifiesto que todos los sectores han querido poner un esfuerzo para que el trabajo sea realmente común y exitoso y de mi parte lo agradezco porque, por lo menos, esto me otorga un reconocimiento al inicio. Espero poder tener el mismo reconocimiento el día que me vaya si he cumplido adecuadamente la manda que he recibido.