La medida, tomada el pasado martes 22 de diciembre, prorroga por seis meses más la resolución 8269/07. En ella se establece que durante ese lapso de tiempo “los ingresos del personal de planta permanente y transitoria, correspondiente a todas las áreas administrativas dependientes del Consejo de la Magistratura”.
Ello se enmarca en lo que se denomina desde el organismo, una “adecuada política de personal sustentable en el tiempo”. Desde diciembre del 2007 está resolución se prorroga cada seis meses.
En diciembre, la Legislatura de la Ciudad modificó la Ley 7 que otorgó al Poder Judicial local nuevas atribuciones y la creación de nuevos juzgados en lo Contencioso Administrativo, lo que presumía una gran cantidad de nombramientos, aunque la misma ley lo desechó al establecer que el 50% del personal para estos nuevos juzgados será cubierto por empleados del Consejo.
“El personal de los juzgados que se integren a partir de la sanción de la presente ley se conformará con al menos un cincuenta por ciento de personal que revista funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2009”, dice el texto en su artículo 32. Lo que da cuenta de la existencia de una gran cantidad de empleados en el mencionado consejo.
Asimismo en el plenario se cubrieron una serie de designaciones para personal que ya se encontraba trabajando desde hace tiempo en el organismo, en lo que tiene que ver con las áreas de compras y contrataciones y el departamento de prensa. Así como el análisis de las guardias y las licencias para el periodo de vacaciones.
En otro orden de cosas, en la reunión se decidió el orden de mérito en el marco del concurso 35/09 destinado a cubrir la vacante como defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Allí, los consejeros decidieron que el orden de mérito para el puesto esté compuesto por Lorena Martínez Fernández y Javier Barraza.