Tras hacer lugar a las medidas requeridas por los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Gerardo Pollicita, el magistrado solicitó al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina que remitan "si los hubiere" los antecedentes que dieran origen al dictado del decreto 214/02 del Poder Ejecutivo Nacional.
El 4 de febrero último, el abogado Eduardo Barcesat había interpuesto ante la Cámara Federal porteña una denuncia contra Duhalde, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y todos los ministros por "abuso de autoridad", "incumplimiento de los deberes y violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al impulsar la acción penal, los fiscales sostuvieron que el decreto violó una serie de normas que garantizan los derechos ciudadanos de justicia, de peticionar ante las autoridades y de pedir amparo en la protección judicial.
Después de esta primera etapa de investigación, Canicoba Corral aseguró que vendrá una nueva, donde se evaluará la posibilidad de citar en calidad de testigos o de imputar a los funcionarios del actual gobierno nacional.
Entre las medidas solicitadas por la Fiscalía se encuentra el pedido de oficios a organismos gubernamentales para determinar si se libró alguna comunicación oficial para que se haga efectivo lo dispuesto en el artículo 12 del decreto.
En ese artículo se impone la suspensión de 180 días de la tramitación de todos los procesos judiciales, medidas cautelares y ejecutorias en causas afectadas por el decreto 1570/01 que estableció el "corralito financiero". Para Barcesat "el dictado de dicha medida implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en las causas judiciales en trámite".
En este sentido, se inscribe la investigación sobre presunto "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" que se inició hoy.