Los uniformados señalaron que el Ministerio del Economía no cumplió con una ley que establecía una compensación de un 10 por ciento extra, que se habilitó tras la sanción de una norma que estipulaba que un policía está a la orden las 24 horas del día.
“En los reclamos no manejamos montos de la deuda que el Estado tiene con los policías. Simplemente queremos que la Justicia reconozca el incumplimiento” del Ministerio de Economía, aseguró Nelson Peralta, asesor jurídico del Sindicato Único Policial (Supu), en declaraciones al diario El País de Montevideo.
El Supu fue el sindicato que impulsó la gran mayoría de las demandas. Otras denuncias fueron presentadas por el Círculo Policial, desde donde advirtieron que no es necesario que los uniformados pertenezcan a algún gremio para accionar legalmente.
Si la Justicia Civil avala las presentaciones, la suma a pagar por el Estado sería millonaria. En Uruguay prestan servicio 28 mil efectivos policiales. Pero esa cifra no incluye a quienes están fuera de actividad, que también podrían iniciar demandas si hubieran retirado de la fuerza hace poco tiempo.
En una reunión mantenida con delegados de los sindicatos policiales el 9 de noviembre pasado, el ministro del Interior del presidente saliente Tabaré Vázquez declaró que desconocía la existencia de una deuda.
Días más tarde, luego de pedir estudios a técnicos, el titular de la cartera de Interior Jorge Bruni indicó que si los agentes consideraban que sus derechos habían sido afectados, debían recurrir a la Justicia civil. Manifestó que la justicia era un poder independiente y que los efectivos pueden realizar sus reclamos en cualquier juzgado.
Las presentaciones ante la justicia de primera instancia se dan en el marco de una creciente tensión en la Federación de Sindicatos Policiales (Fenasip) que el próximo mes celebrará un congreso en el que renovará autoridades: mientras la Supu inició los reclamos, el resto de los sindicatos policiales se inclinaban por una negociación rápida.