El artículo 4º del texto, aprobado a instancias de los legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical (UCR), indica que “durante la etapa de transición” (desde el 1º de enero de 2010 hasta el 1º de enero de 2012) “el reajuste correspondiente será gradual y progresivo hasta alcanzar el tope del noventa por ciento (90%), conforme a criterios de oportunidad y apreciación que ponderará el Poder Ejecutivo mediante la reglamentación pertinente”.
A mediados de noviembre, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Abel Fleming, había señalado, en una entrevista con este diario, que para la entidad era prioritario resolver “la diferencia entre la retribución que perciben los jueces de distintas provincias”.
Entre las provincias más castigadas por los bajos salarios a los jueces provinciales había señalado a La Rioja, Jujuy y Catamarca. Pero no nombró a Córdoba.
Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) criticaron en duros términos la ley 9725 pues entendieron que “consolida la inequidad al interior del Poder Judicial ya que se margina al grueso de sus trabajadores”.
En un comunicado que llevó la firma de la secretaria general de la AGEPJ, Irina Santesteban, el gremio reivindicó el “sistema porcentual” de salarios, que establece un puntaje para todas las categorías, desde la más alta hasta la más baja, con “enganche” a la remuneración que percibe la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia, según que se tome el “enganche” nacional o provincial.
La AGEPJ aclaró que no se opone a que el sector de magistrados y funcionarios tenga un aumento en sus remuneraciones (“pues no han percibido incrementos desde hace un año y medio”, aseguró) pero repudió el incremento otorgado por ley pues, según el gremio, se dio luego de que el gobierno provincial le negara un aumento a los trabajadores estatales y docentes, alegando que “no había plata”.
“Con esta ley se demuestra que sí había plata” agregó el comunicado y subrayó que se trata de “aumentar las remuneraciones de quienes más ganan”.
Desde la AGEPJ alertaron que “detrás de la equiparación de los jueces provinciales con la Justicia Federal, se viene la equiparación de los legisladores, con lo cual, los ‘representantes del pueblo’ votaron en realidad un aumento para ellos mismos”.
Y pidieron llegar a una discusión tripartita (entre el TSJ, los magistrados y el gremio) sobre la distribución de la masa salarial al tiempo que reivindicaron el derecho de los trabajadores a “discutir en paritarias, un convenio colectivo de trabajo”.
A mediados de diciembre, los jueces del TSJ no participaron en una reunión convocada por el gremio para discutir paritarias.
“Una paritaria siempre es voluntaria, nunca se impone”, había dicho en ese momento el vocal ante el TSJ Luis Rubio en diálogo con DiarioJudicial.com .