DiarioJudicial.com dialogó con Diego García Yomha, director del grupo de Reforma Procesal del INECIP, quien destacó que sólo Capital Federal y Chubut (a los que se le suma la localidad de Concordia, Entre Ríos) utilizan el sistema de manera plena, siendo la provincia del sur las más avanzada. “El resto de las provincias sólo lo que hizo fue pasarle la investigación al fiscal” lo que se denomina “la reforma de primera generación” expresó.
Esto no es intrascendente, pues uno de los puntos importantes del sistema es “identificar el rol que tiene cada uno de los actores”. En este sentido, Yomha explica que “si lo armamos de manera coherente, va a permitir que el MPF se pueda organizar a través de unidades fiscales” organizadas por “unidades temáticas o por flujo de organización”.
Así, la cuestión de la transparencia se vuelve preponderante. En términos de garantías, existe la imparcialidad del juez que se vuelve palpable. “Uno no debiera decir sobre el mérito de su propia investigación” dice el especialista. Pues el Ministerio Publico es el encargado de la investigación: el juez garantiza el equilibrio de las partes y “solamente toma decisiones en función de lo que le vayan pidiendo en audiencias orales”. La transparencia radica en “que las partes pueden ver que las decisiones las toma el juez”. En el sistema actual el “mismo juez investiga, decide y luego pide al ministerio la opinión”.
En cuanto a la implementación en la provincia de Chubut, este medio habló con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, y con el ministro Jorge Pfleger.
Para el primero, “desde el punto de vista ideológico el sistema acusatorio es irrefutable” aunque desde el punto de vista práctico sostuvo que posee “tropiezos domésticos” como ser “la faltan jueces, no se llenan los cargos, se superponen las audiencias”. Mientras que Pfleger sostiene que es un sistema que “está haciendo nudos” cuya mayor virtud es “la publicidad” pues “todo se ve”. Aunque aclara que de manera paradojal esa también es su debilidad; “la exposición desmedida se constituye en un factor de debilidad” dice.
No obstante, este rol activo de los fiscales, es el punto que más críticas recibe para los detractores del sistema adversarial, pues se trata de un actor que supuestamente no posee control. En respuesta a esto, Yomha dice que si existe la posibilidad de convertir la acción pública en privada “la defensa lleva adelante la investigación como si fuese un perito de instancia privada”.
El Sistema Acusatorio “no es una elección, sino que la constitución lo que hace es indicar que el sistema sea acorde a los principios constitucionales es el sistema adversarial” culmina.
A nivel internacional, la mayoría de los países ya lo están aplicando o están en vías de la implementación del sistema. Ejemplo de esto son entre otros Guatemala, Bolivia, Chile, Colombia. No se discute la necesidad del sistema, los inconvenientes radican en los problemas políticos para encarar la reformas.
El proceso argentino encuentra su empuje por provincia por provincia. Un cambio radical como este ¿quizás necesite una reforma en la administración del Sistema Federal?. Pregunta que descansará en las mentes de los legisladores, los lectores, lo jueces y los abogados.
La voz de los procuradores
En septiembre de este año, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina denunció “trabas, obstáculos e impedimentos” para el trabajo de esos funcionarios. Indicando que esos problemas “provienen del propio seno del Poder Judicial”.
“Una vez más es menester puntualizar que, para transitar responsablemente hacia el sistema acusatorio, garantizar la igualdad de armas, dotar de operatividad a los procesos especiales y aplicar los métodos alternativos de Resolución de Conflictos; el Ministerio Público en todas sus ramas debe contar con un adecuado desarrollo y los recursos materiales para el cumplir acabadamente sus roles”, expresaron los funcionarios.
Aquel documento fue firmado, entre otros, por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, la de Río Negro, Liliana Piccinini, el de San Juan, Eduardo Quattropani.