Madariaga y los suboficiales Marta Susana Sánchez, Roberto Raúl Ranco, Carlos Eduardo López, y el policía retirado Elmo Víctor Simoni trabajaban la dependencia de Bell Ville (sureste de Córdoba) y fueron detenidos luego de un operativo el 31 de octubre pasado.
el juez Oscar Valentinuzzi (que afronta varias causas ante el Consejo de la Magistratura) liberó a tres de ellos. López y Simoni ya habían sido liberados a mediados de noviembre.
En el fallo de Valentinuzzi se especificó que Madariaga, con la colaboración de los suboficiales Sánchez y López, “habrían utilizado y/o desviado para beneficio propio (…) las partidas de dinero oficial” que enviaba la Administración Central de la Federal.
Además, Maradiaga habría utilizado “en provecho propio y durante horario laboral, el servicio y la mano de obra de suboficiales a él subordinados y pertenecientes” a la dependencia de Bell Ville para “realizar tareas de mantenimiento (…), construcción y reparación” en la vivienda que alquilaba desde que había asumido como jefe de la Delegación.
Según Valentinuzzi, los uniformados habrían montado un engranaje delictivo de varias partes: cobraban dinero extra a ciudadanos comunes para gestionarles pasaportes con urgencia en Buenos Aires y desviaban partidas de Buenos Aires para combustible de una camioneta de la fuerza que estaba rota e inutilizada desde hacía un año.
Madariaga llegó a su cargo de jefe de la Federal en Bell Ville a fines de 2008. Según la causa judicial, a poco de asumir se reunió con comerciantes a quienes les habría dicho: “¿Cómo se puede hacer plata en Bell Ville?”.
Según la Justicia, los policías cobraban 50 pesos extras para la obtención rápida de un pasaporte, trámite que costaba 130 pesos. Cuando la gente no tenía dinero, podía pagar con especies, como cerdos, salames o celulares.
Por otra parte, la jueza Cristina Garzón de Lascano (cuya renuncia ya fue aceptada por la Presidenta) procesó este martes al ex jefe de la Delegación Córdoba de la Federal, Claudio García Galzerano, y a varios uniformados por asociación ilícita. Según la acusación judicial, habrían conformado una asociación ilícita que, merced a amenazas y privaciones de libertad, extorsionaban a comerciantes. Todos están, por el momento, en libertad.