El juez federal Norberto Oyarbide desafió este martes a la Cámara Federal luego de que ese tribunal dejará en libertad a Paula Aballay, la administradora del Policlínico Bancario acusada en la causa por la llamada "Mafia de los medicamentos" junto con su esposo y gremialista Juan Zanola. "Yo no tengo más alternativas que respetar la posición de mis superiores. Ellos han entendido que la señora Aballay debe estar en libertad porque no va a eludir la acción de la Justicia", dijo el juez a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su casa. Además, con cierto fastidio, lanzó: "El papel soporta todo, la realidad vamos a ver qué es que lo que muestra...ya veremos".
DNU cerca de una resolución de Cámara
Ernesto Marinelli, juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, (reemplazante María José Sarmiento) elevará esta semana a la Cámara las causas iniciadas por el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública y por la remoción del titular de ese organismo, Martín Redrado. En declaraciones a la prensa el magistrado explicó que una vez sustanciadas las apelaciones enviará los expedientes a la cámara, lo que se prevé ocurra entre el miércoles y el jueves próximos. Asimismo se definió como un magistrado “independiente e imparcial” y se mostró despreocupado por las “presiones” del Gobierno. La sala de feria de la Cámara Contencioso Administrativo está compuesta por Carlos Manuel Grecco, Marta Herrera y Clara María do Pico. Estas últimas reemplazaron a Néstor Buján y José Luis López Castiñeira. Grecco, quien se desempeña en esa sala desde el comienzo del receso judicial, se excusó de intervenir en todas las causas en trámite y futuras vinculadas con el uso de reservas del BCRA y la destitución de su titular
La Rioja: Se concedió la extradición de Eduardo Abelardo Britos
Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja había dispuesto, en el mes de mayo de 2009 la captura internacional de Eduardo Abelardo Britos por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. La detención de Britos se había concretado en la localidad de San Lorenzo, próxima a la ciudad de Asunción del Paraguay, lugar donde residía. Durante la tramitación de la extradición internacional de Britos, en un fallo de primera instancia, el 14 de diciembre de 2009, el Juez Penal de Garantías N° 10, Abog. Rubén Gustavo Ayala Brun, había denegado la extradición internacional de Eduardo Abelardo Britos, fundado en que los delitos por los que se solicitaba su extradición se encontraban prescriptos. No obstante, el fallo fue examinado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, la que revocó la sentencia del juez de garantías el día 4 de enero de 2010. El Tribunal paraguayo remarcó que los delitos de lesa humanidad tienen el carácter de imprescriptibles, concediendo, en definitiva, la extradición internacional de Eduardo Abelardo Britos solicitada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja. Con el pronunciamiento del máximo tribunal paraguayo se habilitan los trámites definitivos para el traslado de Britos a la ciudad de La Rioja, lo que se concretaría en el transcurso de los meses de febrero o marzo del corriente año. Britos se desempeñaba en el Escuadrón 24 de la Gendarmería, habiendo tenido a su cargo el centro de detenidos políticos en la ciudad de La Rioja durante el último proceso militar.
Un sector de la oposición pidió juicio político para Aníbal Fernández
La UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal anunciaron este martes por la tarde que pedirán el juicio político del jefe de Gabinete Aníbal Fernández. La acusación contra el funcionario está centrada en el presunto “incumplimiento” de una orden judicial vinculada al litigio en el gremio de Aeronavegantes. El 26 de noviembre último, la jueza Beatriz Ferdman intentó desocupar el edificio del gremio para que asumiera la ganadora lista Celeste. Sin embargo, la oposición entendió que Fernández desobedeció la orden de la magistrada al negarle el uso de la fuerza pública (la Policía) para cumplir con la medida, para lo que alegó la existencia de “dos fallos contradictorios”. “Queremos al jefe de Gabinete en el banquillo de los acusados”, aseguraron esta tarde los diputados Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (Pro), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Felipe Solá (Peronismo Federal) al anunciar la iniciativa, en conferencia de prensa. El artículo 53 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”. Entre las causas prevé “mal desempeño”, “delito en el ejercicio de sus funciones” y “crímenes comunes”. Para pedir el juicio político debe reunir debe reunir las dos terceras partes de sus miembros presentes. El artículo 59 de la Carta Magna señala que es el Senado a quien “le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados”. Por su parte, el artículo 101 de la Constitución estipula que el jefe de Gabinete solo puede ser removido “por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.