Así lo manifestó un informe de la Comisión Interamericana de DDHH, que se conoció a casi siete meses del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El escrito detalló que en las encarcelaciones a disidentes, se facilitó la violación “a la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, especialmente los abusos sexuales contra las mujeres”. TEXTO COMPLETO
A casi siete meses del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucionalmente electo Manuel Zelaya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles el informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado” en el que denunció la “ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos” y el “uso desproporcionado de la fuerza” en las manifestaciones públicas, entre otras cosas.
El informe, elaborado a partir de testimonios recogidos durante una visita de la CIDH a Honduras en agosto, subrayó que a partir del golpe de Estado se produjeron “graves violaciones a los derechos humanos” que incluyeron “muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención”.
La CIDH constató además “la militarización del territorio, (el) aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos”.
El organismo que encabeza Luz Patricia Mejía Guerrero manifestó que “como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos 7 personas”. En ninguno de los casos, hasta el momento, se identificó o se sancionó a los responsables.
El informe sobre Honduras, que se dio a conocer una semana antes del día en que tendría que asumir el presidente electo Porfirio Lobo, aseguró que en estos casi siete meses se “practicaron miles de detenciones ilegales y arbitrarias, que no contaron con orden de autoridad competente”.
“La mayoría de los detenidos fueron liberados en un plazo menor a 24 horas, sin que las detenciones fueran registradas, circunstancia que en muchos casos dificultó la ejecución de los recursos de habeas corpus y facilitó violaciones a la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, especialmente los abusos sexuales contra las mujeres”.
Y detalló: “Las agresiones tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres, quienes en muchos casos fueron objeto de violencia sexual. Asimismo, otros grupos minoritarios, como los garífunas, los miembros de la comunidad gay y los extranjeros fueron objeto de prácticas discriminatorias. “
La CIDH subrayó que “ningún gobierno de facto tiene legitimidad de origen para declarar un estado de excepción” y aseveró que “las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune”.
El informe también denunció que el mismo 28 de junio el secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, leyó una supuesta carta de renuncia de Zelaya. Enseguida, por unanimidad, el Congreso decidió “[s]eparar al ciudadano Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente”42 y “[n]ombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Bain […] en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período actual”43. Desde Costa Rica, Zelaya dijo que nunca suscribió esa carta.