Los letrados Santiago Pinto, Roberto Saldivia y Gustavo Van Thienen cuestionaron también ante la justicia el “costo encubierto” que implica el uso del servicio de telefonía celular para poder abonar la tarifa y la falta de información clara para los usuarios.
Los abogados señalaron que en todas las arterias de Río Gallegos se está cobrando 1 peso más de lo que permite la ordenanza municipal. “Va más allá de si es caro o es barato, es ilegal”, sostuvieron.
En declaraciones a medios locales, Pinto aseguró que en el sistema actual pagan menos los ciudadanos que no están registrados que los que sí lo están. “Al final es más barato no estar registrado que estarlo. Es un premio al que no se registra”, manifestó.
“La presentación del amparo con medida cautelar es para que no paguen ni sean multados” sus defendidos y para que luego “se declare la inconstitucionalidad del servicio”, dijo e insistió en que “no puede ser que exista un sistema con costos encubiertos”.
En declaraciones al portal TiempoSur, Pinto reconoció que su padre fue socio, junto con dos personas más, del sistema que tenía el sistema de estacionamiento medido (SESME) que funcionó entre 1997 y 1999.
En ese sentido, expresó que su presentación no debe tomarse como una “revancha”. “Por lo menos yo no guardo rencor 10 años después”, aseguró.
El amparo recayó en el juzgado del magistrado Enrique Arenillas que ya se expidió respecto al amparo. Arenillas adecuó el proceso y decidió que se transforme en un “juicio sumarísimo”.
Ahora, el municipio deberá contestar la demanda dentro de los cinco días hábiles. En un lapso de 10 días hábiles (tiene más plazo pues su domicilio está en Buenos Aires), la empresa deberá hacer lo mismo.
El servicio de estacionamiento medido se implementó en Río Gallegos en el mes de diciembre. Con este sistema, para estacionar el auto dentro del radio céntrico se debe llamar a un número de teléfono y una computadora informa las opciones para habilitar o deshabilitar la patente del vehículo.