La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández, ya está en condiciones de expedirse en las dos causas en las que se dispuso, a través de sendas medidas cautelares, la suspensión la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 que autoriza el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda. Se trata de los recursos extraordinarios presentados en las causas “Morales” y “Pinedo” en las que quedaron firmes las notificaciones de los respectivos trasaldos, de modo que desde el 23 de febrero la Cámara ya podrá definir si concede o no los recursos, para lo que tiene un plazo de 15 días. Los radicales Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad y Gerardo Morales, contestaron la vista conferida del recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y solicitaron el rechazo del recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. En otro escrito también lo hicieron Federico Pinedo del PRO y Patricia Bullrich, Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica. Se espera con ansiedad el fallo: la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal tiene previsto en pocas horas más resolver sobre el uso de las reservas. Desde el mes de enero la jueza Sarmiento había trabado su uso, lo que había sido confirmado por la Cámara de Feria. La oposición pretende que si es concedido, el amparo oficial tenga efecto devolutivo para que no se suspenda el fallo vigente desde el mes de enero. A la vez intenta que se aparten dos de los tres jueces de la sala IV, Luis Márquez y Sergio Fernández que calcula fallarán en contra de su posición. Por otra parte falta solamente una semana para que el tema se trate en la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados para el 2 de marzo próximo, así lo que suceda en los últimos días de febrero en los tribunales, será crucial tanto para el oficialismo como para la oposición.
Es por la causa de la “mafia de los medicamentos”
Fuentes del Consejo de la Magistratura aseguraron este lunes a DiarioJudicial.com que el juez federal Norberto Oyarbide fue citado para el próximo jueves 18 de marzo. La citación de Oyarbide se decidió el jueves último en el plenario del Consejo. La iniciativa de citar al magistrado fue del consejero-senador por la UCR Ernesto Sanz y fue acompañada por otros seis consejeros. Oyarbide hará su descargo ante la comisión de Disciplina y Acusación a raíz de la denuncia que le formularan los abogados del gremialista Juan José Zanola, detenido por la causa de la “mafia de los medicamentos”. Los letrados le objetaron al juez las declaraciones públicas que efectuó.
Una comisión clave
Luego de largos tironeos, Gerardo Ingaramo (Pro) se quedó con la presidencia de la comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Según confirmaron este lunes desde la presidencia de ese cuerpo, el abogado reemplazará a Martín Borrelli a partir del 1º de marzo. El puesto era muy codiciado y había provocado una fuerte disputa dentro de las filas del oficialismo. Quien perdió la pulseada con Ingaramo, Martín Ocampo, también del PRO, iría a Asuntos Constitucionales. Los cambios se harán públicos esta semana, pero recién se oficilizarán el próximo lunes, cuando se lleve a cabo la primera sesión de año.
La maniobra detectada en Mendoza podría haberse perpetrado en otras provincias
Tres abogados integrantes de un estudio jurídico mendocino presentaron, en menos de dos meses, más de 400 pedidos de acuerdos entre trabajadores y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo para el pago de indemnizaciones por enfermedades profesionales no listadas, entre ellas disminuciones auditivas y lumbalgias. Los tres, junto con otro abogado representante de las ART y un médico, que presuntamente falsificaba los certificados, están imputados por estafa. Los acuerdos eran presentados para su homologación ante la Justicia laboral, evitándose así los juicios y el control de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Las Cámaras Laborales de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza habían sospechado de la inusual cantidad de pedidos de homologación, lo que fue confirmado por la Justicia Penal. Así la fiscal Daniela Chaler imputó a los profesionales por estafa. Como los acuerdos no llegaron a ser homologados, los abogados están imputados por el delito pero en grado de tentativa.