La Corte Suprema convocó para el próximo 17 de marzo a las 10 al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y al ministro de Economía, Amado Boudou. La causa fue iniciada por la provincia, que planteó la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Santa Fe pidió al Máximo Tribunal que se declare la plena coparticipación de los fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley-convenio vigente, 23.548, por imperio del art. 75, incs. 2 y 3, y Disposición Transitoria Sexta, de la Constitución Nacional. Asimismo solicitó la restitución o reintegro de todos y cada uno de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los Compromisos Federales entre la Nación y las Provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.
Empleados judiciales de Santiago del Estero marcharon en reclamo de mejoras laborales
Empleados judiciales de Santiago del Estero realizaron el jueves pasado una marcha en reclamo de aumentos salariales y la aplicación del 82 por ciento móvil para las jubilaciones de todos los trabajadores del Poder Judicial. La Asociación Sindical de Empelados Judiciales de Santiago del Estero marchó hacia la Casa de Gobierno donde también protestó por la aprobación del presupuesto para este año que “prevé el pago de la asignación por título para los funcionarios y magistrados que ejercen funciones jurisdiccionales en la provincia en un porcentaje del 50%, sin contemplar incremento alguno a los empelados”, explicó a través de un comunicado. El gremio anunció que continuará “en plan de lucha hasta que existan propuestas concretas”.
Lo presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad presentó este martes ante la justicia un amparo para que se impida el uso de las Taser por parte de la Policía Metropolitana, por considerar que constituyen “un elemento de tortura”. El amparo se apoyó en los argumentos de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU), que según el Observatorio, forma parte de los tratados internacionales con rango constitucional. Además, en el escrito se pidió la citación para prestar prueba testimonial al jefe de la Metropolitana Eugenio Burzacoy se propuso que se le requiera al departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que informe sobre los efectos de este tipo de armas en su uso sobre las personas.