La Federación Argentina de la Magistratura mostró su preocupación por las declaraciones de la presidente Cristina Fernández durante la Asamblea Legislativa, que dijo, sin dar nombres, "que hay jueces que cobran por las excarcelaciones". Al respecto, mediante un comunicado firmado por su presidente, Abel Fleming y su secretario, Fernando Lodeiro, la FAM le recordó a la mandataria que "la Ley obliga a todos los funcionarios a arbitrar los medios para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento" y la invitó a hacer sus denuncias y aportar las pruebas ante la Justicia para que "investigue, separe y castigue a los funcionarios a los que alude, si existen". También opinó sobre los dichos de Cristina respecto de "seguir las tapas de los diarios", e irónicamente indicó su "beneplácito por lo que entiende como un anuncio de que el poder político dejará en el futuro de presionar a los jueces para que se avoquen a las causas que tienen repercusión mediática y para que reaccionen de acuerdo con los climas de opinión que reflejan los medios de prensa." "Las generalizaciones descalifican a los justos y protegen a los culpables. No logran otro objetivo que el de debilitar a la Justicia y, con ello, de hacer más vulnerable a la última barrera de defensa que tienen los más débiles frente a los abusos y atropellos de los poderosos", puntualizó el comunicado.
Fueron los primeros tribunales especializados en la materia del país
Hace exactamente un año se pusieron en marcha en Córdoba los primeros Juzgados de Familia con competencia exclusiva en materia de violencia familiar. La iniciativa, inédita en el país, fue impulsada por el Tribunal Superior de Justicia local. Durante los primeros doce meses de actividad, los tribunales a cargo de las juezas Mónica Parrello y Gabriela Eslava recibieron más de trece mil causas nuevas. Basándose en las denuncias, los informes que integran los expedientes y las constataciones de la Unidad de Constatación de la Dirección de Violencia Familiar, los tribunales especializados disponen de manera inmediata medidas cautelares destinadas a proteger a las víctimas. Las más habituales son la exclusión del agresor, la restricción de contacto, acercamiento y comunicación entre las personas involucradas en el caso, y la obligación de cumplir con tratamientos del Programa de Erradicación de Violencia Familiar.
En los tribunales de San Isidro
Este miércoles a las 10 comenzará el juicio oral y público por el asesinato del canillita Juan Ignacio Mancuso en el Tribunal en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. El proceso culminará el jueves 4, con la lectura del veredicto. Mancuso, de 24 años, fue asesinado en marzo de 2008 en Olivos cuando dos personas intentaron robarle su moto. Según el relato de la policía, uno de los ladrones se bajó de una bicicleta y le apuntó a Mancuso con un arma de fuego para robarle el rodado. Pero él aceleró, hizo una maniobra para esquivarlo y siguió adelante. A los pocos metros, el joven, que estudiaba el profesorado de Educación Física, recibió un disparo en la nuca y murió. Los tribunales están ubicados en la avenida Centenario 456, 1º piso.
La Justicia citó al secretario del Tesoro de EEUU a indagatoria en la causa del megacanje
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a declaración indagatoria al ex secretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford para el próximo 10 de marzo en la causa por el megacanje para la deuda pública realizada en 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Mulford ya había sido citado a declarar en noviembre pasado pero no se presentó porque tenía inmunidad diplomática porque era embajador en la India. En tanto, el ex funcionario presentó un escrito como descargo. En la causa están procesados el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, mientras que el ex presidente De la Rúa goza de una falta de mérito dictada por la Cámara Federal.