04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024
También se sumaron varias ONG´s

El Gobierno pidió que dejen abortar a una chica violada

La Secretaría de Derechos Humanos presentó un “amicus curie” en la Justicia de Chubut para que se autorice a abortar a una adolescente de 15 años que fue violada por su padrastro y quedó embarazada. El escrito advierte que no aceptar el aborto “puede acarrear responsabilidades internacionales al Estado Nacional”.

 
El Gobierno Nacional presentó un “Amicus Curiae” en la Justicia de Chubut para se autorice a abortar a una menor de 15 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro, un suboficial de la Policía de la provincia que está en libertad y que la habría sometido sexualmente desde los 11 años. Hasta ahora los pedidos de la familia de la víctima fueron rechazados.

La presentación fue realizada el viernes pasado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alén, ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

El Amicus Curiae (amigos del tribunal) es una figura legal que le permite a un tercero ajeno a un juicio presentarse en un expediente y apoyar el pedido y los argumentos de una de las partes.

El escrito de la Secretaría se basó en las “claras disposiciones” del artículo 86 del Código Penal. Esa norma establece que el aborto no es penado en dos casos: “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Para el Gobierno que si la Justicia de Chubut no autoriza el aborto “puede acarrear responsabilidades internacionales al Estado Nacional, por el incumplimiento de disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incorporados con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna”.

El pedido de aborto fue presentado por la madre de la menor, María Fuentes, quien denunció que se hija fue violada por su padrastro.

Tanto en primera instancia, la jueza Verónica Robert del Juzgado de Familia Nº 3 de Comodoro Rivadavia, como la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, con los magistrados Julio Antonio Alexandre y Fernando Nahuelanca, rechazaron el pedido porque priorizaron la vida del feto.

En disidencia, la tercera integrante de la Cámara, Nélida Susana Melero, hizo lugar a la presentación al considerar que que la salud psíquica de la chica está en riesgo si continúa la gestación. La menor atraviesa la semana 17 de gestación.

La causa fue apelada por la abogada de la familia de la menor, Sandra Grillo, y ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut.

La Secretaría explicó en su Amicus Curiae que el fallo de la Cámara “viola derechos de la víctima, a la garantía y respeto de sus derechos, a la igualdad y a la no discriminación, a la vida, a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la intimidad”.

La presentación se suma a otras que hicieron la Asociación por los Derechos Civiles y el Consejo Nacional de la Mujer.

En Comodoro Rivadavia, los vecinos a apoyaron el reclamo de la menor con dos marchas en la que le pidieron a la Justicia que haga lugar al reclamo. “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”, decía uno de los carteles que se vio en la última marcha. Ahora esperan que el Superior Tribunal haga cumplir la ley.

Pedido de dos ONGs internacionales

En tanto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron que se autorice los abortos de dos menores, en Chubut, que denunciaron fueron víctimas de violaciones de sus padrastros. "Negar el aborto a una víctima de violación es inhumano”, sostuvieron.

“Mientras el Estado se niegue a reglamentar debidamente el acceso al aborto no punible, las mujeres y niñas seguirán sufriendo por la judicialización de casos que, por ley, no requieren de una autorización judicial", dijo Marianne Mollmann, Directora de Abogacía, de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.

"Ninguno de estos casos debió haber llegado al poder judicial: la ley permite claramente que los médicos evalúen la potencial amenaza contra la salud psicosocial y física, de una paciente violada y, al encontrarla en peligro, que realicen una interrupción del embarazo sin penalización alguna", insistieron las ONG en el día internacional de la mujer.

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dju / dju
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