Las audiencias fueron pedidas en ambos casos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En la causa “Jorge Omar Gutiérrez”, quien acudió al CELS en procura de elevar la causa a la justicia internacional fue el actual intentedente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, hermano del policía asesinado.
Jorge Gutiérrez se desempeñaba en la comisaría segunda de Avellaneda cuando lo mataron, el 29 de agosto de 1994. Desde allí investigaba la supuesta existencia de un cargamento de droga ingresado de contrabando a través de la llamada “aduana paralela”.
En su reclamo, la familia de Gutiérrez denunció “obstrucción de justicia” en la investigación realizada por la Policía Federal.
En tanto, en la causa “Adriana Beatriz Gallo y otros”, tanto el CELS como el CEJIL representan a Gallo, a Ana María Careaga y a Silvia Maluf de Christin. Las tres mujeres eran juezas en la provincia de San Luis hasta que modificaciones legislativas les redujeron la remuneración (en incumplimiento de la garantía de intangibilidad consagrada en las constituciones provincial y federal) y finalmente las destituyeron tras adherir a los considerandos de un comunicado que criticaba la injerencia del Poder Ejecutivo local en el Poder Judicial local.
Para el CELS y el CEJIL, “la destitución fue decidida por tribunales parciales y al margen del debido proceso” y añadieron que “los recursos intentados hasta el momento no han resultado efectivos para proteger” los derechos de las tres ex magistradas.
Otro encuentro que puede estar relacionado con Argentina será la audiencia que evaluará la “situación de la radiodifusión en América Latina” a pedido de la Asociación Internacional de Radiodifusión, entidad que cuestionó duramente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso a fines de 2009.
A fines de septiembre, cuando el proyecto del Ejecutivo contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, la Asociación Internacional de Radiodifusión exigió una “profunda revisión” de las disposiciones que “afectan gravemente la libertad de expresión”.
Entre el 19 y el 23 de marzo también habrá una audiencia por la situación de los Derechos Humanos en Guatemala (solicitada por varias ONG´s) y sobre la legislación en materia de desaparición forzada en dicho país. A su vez, la CIDH se abocará a estudiar la situación del sistema penitenciario en Brasil.
El lunes 22 será el turno de la Reforma Política en México y también se evaluarán, a pedido del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), las agresiones contra periodistas en ese país y la situación del derecho a la salud de indígenas en Chiapas.
En tanto, el martes 23, entre las 9 y las 11.45 (hora local), se celebrarán tres “audiencias cerradas” sobre la “violencia, seguridad ciudadana y condiciones carcelarias”, el “deterioro institucional, incumplimiento de decisiones del sistema interamericano y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos” y la “situación del derecho a la libertad de expresión, información y asociación” en Venezuela.