La iniciativa fue presentada a principios de este mes por el senador y vicepresidente primero de la Cámara alta, Juan Carlos Romero, quien consideró que el actual Consejo es “una amenaza a la independencia del Poder Judicial”.
El proyecto mantiene el actual número de 13 representantes que se establecieron con la reforma del kirchenrismo en 2006. Siguen los dos abogados, el representante del sector universitario y el del Poder Ejecutivo. Los cambios llegan entre los políticos y los jueces.
En el sector del Congreso la iniciativa continúa con tres senadores y diputados pero ahora pertenecerán a “los tres Bloques políticos con mayor número de miembros”. Así el oficialismo resignaría a dos miembros –uno por cada cámara– y la oposición sumaría la misma cantidad. Inclusive, el Peronismo Disidente tendría una banca en el Consejo ya que es la tercera fuerza en el Senado detrás del Frente para la Victoria y la UCR.
En el caso de los jueces, también mantiene sus tres integrantes pero el proyecto saca a uno de ellos y en su lugar pone al presidente de la Corte Suprema que también será el titular del Consejo.
El proyecto también reforma la integración de las comisiones. Y el aspecto más importante es que le devuelve representación a los abogados en la comisión de Selección de Magistrados, que quedaría integrada por “dos Senadores Nacionales, por el segundo y tercer Bloque político con mayor número de integrantes, respectivamente, dos Diputados Nacionales en idéntica proporción, el presidente del Consejo de la Magistratura, un Juez, un Abogado de la matrícula federal, un representante del ámbito académico y el representante del Poder Ejecutivo”.
Romero explicó en los fundamentos de su propuesta que el objetivo es devolver el equilibrio a cada estamento “sin que pueda cada uno de ellos por sí solos, formar quórum o tener mayoría absoluta” y “evitar que dentro del estamento político, los representantes del oficialismo, en su conjunto, obtengan un virtual poder de veto para las decisiones referidas a nombramiento y acusación de magistrados”.
El senador criticó que la reforma de 2006, a instancia de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, se dio “sin una discusión pública profunda” y en lugar de solucionar los problemas que tenía el Consejo “los agravó, rompiendo el equilibrio prescripto en la norma Constitucional, mediante una participación mayoritaria del sector político y una proporción que le permite, en los hechos, dominar el nombramiento y la remoción de los Jueces”.
Es que de los 13 miembros actuales del Consejo 5 pertenecen al oficialismo –dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo– por sobre el resto de los estamentos y eso les da poder de veto sobre la selección y acusación de magistrados ya que al menos se necesita el voto de un miembro de ese sector para aprobar alguna de esas decisiones.
El proyecto del Peronismo Disidente se suma a otros que ya hay en el Congreso y a la decisión de la oposición en Diputados en reformar en Consejo y que de hecho se trasluce en las reuniones con orgasmos judiciales para escuchar sus propuestas de cambio y avanzar en una nueva ley.