El pedido realizado por el Máximo Tribunal provincial se expresó en el acuerdo 3127 en el que también los ministros dieron el visto bueno a los proyectos de reglamentación de ambos registros.
Concretamente, los magistrados sostienen que “para la elaboración de dicho Reglamento, sobre los elevados costos que implica ponerlo en funcionamiento, corresponde proceder a la devolución a la Cámara de Diputados de la Provincia de la Ley 6333 que regula dicho Banco, para que se asigne una partida presupuestaria especifica para los gastos extraordinarios que esa ley demanda”.
Ello teniendo en cuenta que, del registro de huellas genéticas digitalizadas, formarán parte las huellas obtenidas de la investigación de un proceso penal aunque no se encontrarán asociadas a personas determinadas; de las víctimas de un delito, con las excepciones que prevé; de los imputados y condenados y de todo el personal perteneciente a la policía provincial.
A modo de ilustración, los ministros mencionan un informe realizado por el área de estadísticas y que fuera elevado a la Junta Federal de Cortes en el 2008. Ese estudio detalla que “en esta provincia ingresaron ese año 18.034 causas penales con autores ignorados y 32.134 con autores individualizados, los que sumados a las víctimas de cada uno de ellos requieren obtener un total de Cien Mil Trescientos Treinta y Seis (100.336) de huellas genéticas anuales, únicamente considerados esos tres rubros, cuyo costo unitario puede variar según el precio dólar, estimándose al mes de Diciembre del año 2009 en la suma de $750,00”. A lo que debe agregarse el costo del software.
Ambos registros, creados a mediados del 2009 por las leyes 6333 y 6334 se encuentran en la etapa previa a su implementación. Ahora deberá decidir la legislatura provincial acerca de la posibilidad de enviar mayor presupuesto.